Vodafone y Orange pidieron este martes que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigile que Telefónica no incurra en prácticas anticompetitivas con la posición reforzada de dominio que va a tener tras la última compra de derechos de laLiga y la Champions League.
En una mesa redonda en el congreso de la patronal tecnológica DigitalES, en la que participaron los consejeros delegados en España de Vodafone, Orange, Euskaltel y Telefónica, uno de los asuntos centrales de debate fue la renovación por Telefónica de los derechos de laLiga y la Champions League, en ambas competiciones por un periodo de tres temporadas.
El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, dijo que la CNMC tiene que velar para que Telefónica no gane cuota de mercado jugando con precios y ofertas a cuenta del reclamo del fútbol. Según Coimbra, la CNMC ha de desempeñar aquí un «rol» determinante para que Telefónica no incurra en «subsidiación cruzada».
El consejero delegado de Orange España, Laurent, Paillassot, afirmó que “la manera de calcular las obligaciones mayoritarias de Telefónica no es justa”, y el regulador debería estar alerta sobre el uso que Telefónica haga de los derechos del fútbol.
«MISMAS REGLAS»
El responsable de Orange confirmó que su operadora dará fútbol, desde la estrategia que se han marcado de que «si otra operadora da fútbol, nosotros también”. En cambio, el consejero de Vodafone dijo que esperarán a decidir si compran el fútbol a que Telefónica les detalle las condiciones de reventa de los derechos a que está obligada tras la compra de Digital+.
Por parte de Telefónica, su presidente en España, Emilio Gayo, aseguró que están convencidos de que han hecho una buena operación con la compra de los derechos de laLiga y la Champions, y han hecho todas las cuentas posibles para amortizar el desembolso tanto si los competidores optan a la adquisición de partidos como si no.
En el congreso de DigitalES, los representantes de las ‘telecos’ y el presidente de la patronal, Eduardo Serra, coincidieron en pedir al Gobierno que no les suba el impuesto de sociedades, porque ya pagan 8.000 millones en impuestos al año y eso redundará en una menor inversión. También defendieron la implantación de un “impuesto a los gigantes tecnológicos”, tal y como decidió el anterior Ejecutivo, y que haya “las mismas reglas” para todos.
