Se incrementan las aportaciones a la Seguridad Social, a las clases pasivas, a la lucha contra el fraude y a la LOMCE
«Austeridad que no recortes», así explicaba el ministro de Hacienda Cristobal Montoro la rebaja del 4,4 por ciento (5.666 millones de euros menos) en el Límite no financiero del Estado o techo de gasto para el año próximo, que se fija en 123.394 millones de euros. La rebaja tiene como objetivo alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018 -o cifras muy próximas del 0,3-, para lo que se debe primero dar cumplimiento a los objetivos de déficit -que nos exige Bruselas- del 4,2 por ciento sobre el PIB para 2015, del 2,8 por ciento para 2016 y 1,4 por ciento para 2017.
Tal y como ha explicado el ministro Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la disminución del techo de gasto se debe a que pagaremos menos intereses por la deuda y a que se reducen las aportaciones destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la caída del número de desempleados. En cuanto a las remesas que se verán incrementadas todas aquellas relacionadas con servicios sociales, entre ellas, clases pasivas, Seguridad Social, mutualidades, lucha contra el fraude o educación. Por otra parte lo que se mantiene invariable son las partidas de gasto de los Ministerios.
La política presupuestaria que, desde que se inició la legislatura, se viene aplicando por el Gobierno y de la que «no hay intención de cambiar ni la orientación ni el contenido» tiene también entre sus objetivos prioritarios la reducción de la deuda pública en 5,7 puntos en el periodo 2015 – 2018, pasando del 98,9 por ciento sobre el PIB al 93,2 por ciento sobre el PIB. Esta meta supondría dar continuidad al proceso de desapalancamiento de las familias y del sector privado y al que «ahora debe contribuir las Administraciones Públicas» y completar la recuperación económica de España.
Déficit y deuda
El ministro de Hacienda ha reafirmado los objetivos para el periodo 2015 – 2018. Así la Administración central (AACC) deberá pasar en dicho periodo del -2,9 al -0,2 por ciento sobre el PIB, la Seguridad Social del -0,6 al -0,1, la autonómica del -0,7 al equilibrio presupuestario (0,0), el cual deberá ser mantenido por las entidades locales.
En este punto Montoro se ha mostrado muy crítico con el amotinamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA) el pasado miércoles y con gráficos de barras como fondo ha sido contundente «es un tópico que el esfuerzo se le haya exigido sólo a las comunidades autónomas». De hecho, según los datos de ajuste en lo que llevamos de legislatura éste ha sido tanto para la Administración central como para las autonomías de algo más de 1,50 puntos. Si atendemos a las exigencias hasta 2018 será precisamente la AACC la que deberá apretarse el cinturón hasta casi 3,5 puntos, mientras que las CCAA se mantendrán en la línea de las actuales «queda claro que quien tiene que hacer el esfuerzo es la Administración central por lo que la acusación que se hace al Gobierno de que está obligando a las Comunidades Autónomas a hacer un esfuerzo superior no se sustenta», ha apostillado.
En lo que si que no se ha producido ningún tipo de ajuste y «de forma deliberada» ha sido en las pensiones por ser «un elemento de cohesión social». Y por el momento parece que se mantendrá la misma tónica, aunque si bien es cierto, la mejora de los ingresos por cotizaciones sociales así como la reducción de la tasa de desempleo supondrán la inyección necesaria para llegar a cumplir los objetivos de déficit previstos.
Por lo que respecta a la deuda Administración central y Seguridad Social deberán reducir su volumen sobre PIB en 3,4 puntos porcentuales (del 72,6 por ciento en 2016 al 69,2 en 2018). Comunidades autónomas y entidades locales tendrán la obligación de hacerlo en un 1,6 por ciento (del 22,5 al 20,9) y 0,3 por ciento (del 3,4 al 3,1 por ciento), respectivamente.
Coherencia
En contra de lo que puede parecer a priori expertos consultados por Diario Financiero destacan la «coherencia» de esta reducción del techo de gasto. Es el caso de Kamal Romero, profesor de Macroeconomía en la Universidad Cardenal Cisneros quien apunta a que la decisión se orienta a «cubrir el servicio de deuda» y añade que el Gobierno ha optado «la vía de la rebaja fiscal para rebajar el nivel de austeridad económica».
Más allá va director del área de Economía del Instituto de Empresa Rafael Pampillón que ha calificado de «insuficiente» la rebaja. Pampillón, que además ha intervenido esta tarde en el programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio, ha explicado que «en la fase expansiva en la que estamos el objetivo debe ser reducir aún más el déficit público», una «lección» que el ministro de Hacienda no habría aprendido «se limita a cumplir cuando en realidad puede bajarlo aún más».
