La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles que «se respete en la medida de lo posible» la reforma laboral porque es fruto del acuerdo con los agentes sociales, al tiempo que ha mostrado su «respeto» al papel de los grupos parlamentarios, a quienes ha recordado que ella «dialoga, no arrincona a nadie».

«Las formaciones políticas tienen que jugar su papel. Yo dialogo, no pongo a nadie contra las cuerdas y los grupos de la investidura lo saben, que yo no arrincono a nadie», ha subrayado la vicepresidente en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Sobre si el Gobierno espera recabar el apoyo de Cs a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso de los Diputados, Díaz ha señalado que la norma «va en contra» de lo defendido por los ‘naranjas’, que abogaban por un contrato único, la introducción de la mochila austriaca y la rebaja de los costes del despido.

«Si rectifica y hay un cambio en su posición, se dice por qué y estupendo», ha apuntado la vicepresidenta, que ha destacado «el cambio de paradigma» que supone la reforma laboral en el sistema de relaciones laborales de España.

Así, y siguiendo con los apoyos políticos que espera conseguir para sacar adelante la norma en el Congreso, Díaz cree que es «muy difícil decirle que no» a una reforma que recupera derechos para los trabajadores, que mantiene los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o que actúa sobre uno de los principales problemas del mercado laboral: la temporalidad y la precariedad. «Estoy confiada en que los grupos de la investidura comprendan esto», ha añadido.

La vicepresidenta ha asegurado que, además de practicar el diálogo social, «practica el diálogo político» y con los gobiernos autonómicos, con quienes se habló de la reforma laboral en marzo -cuando arrancaron las negociaciones con los agentes sociales-, en julio y cuando se iba a cerrar el acuerdo.

Además, se han tenido contactos con las formaciones políticas a finales del año pasado (los días 30 y 31) y se seguirán manteniendo también hoy mismo.

Para aquellos grupos que han manifestado que la reforma laboral «se ha quedado corta», la vicepresidenta ha indicado que, en política, «todo se queda corto». «Pero los grandes cambios hay que darlos con tranquilidad, es muy difícil explicar el cambio de modelo de la temporalidad, es un giro copernicano», ha enfatizado.

En su opinión, no se es consciente de lo que supone este nuevo modelo y de la desaparición del contrato de obra y servicio, procedente de la época del franquismo y «núcleo de las irregularidades y grandes fraudes en la temporalidad».

CON EL SMI, «SE PONDRÁ ENSEGUIDA»

Preguntada por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022, la ministra ha reiterado que se negociará en el diálogo social y que se pondrá en ello «enseguida», aunque no ha dado ninguna fecha.

En todo caso, ha recordado que el objetivo del Gobierno es seguir la senda que recomendó el comité de expertos para llegar a final de legislatura a un SMI equivalente al 60% del salario medio.

«El SMI es la principal herramienta para atajar la desigualdad. Ha servido para reducir la brecha de género en 2,5 puntos y elevar los tramos más bajos de los deciles salariales», ha subrayado.

Respecto a las bajas de los trabajadores por Covid (240.000 hasta el 23 de diciembre, según informó en su día la Seguridad Social), la ministra ha recordado que, para los sanitarios, infectarse de coronavirus se considera una enfermedad profesional, mientras que para el resto de trabajadores se considera accidente laboral, por lo que perciben una prestación del 100% de la base reguladora.

Aunque se ha optado por dar bajas de siete días, ha señalado que éstas pueden durar más, y ha afirmado que lo que se necesita de verdad en este país «es hablar de una vez por todas de la calidad de la sanidad».

La vicepresidenta ha querido dar tranquilidad a trabajadores y empresas, recordando también que los ERTE están prorrogados hasta el 28 de febrero y que, además, se han recogido estos instrumentos en la reforma laboral, ya en vigor.

PNV vigila porque no afecte al ámbito vasco de decisión de las relaciones laborales

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha apuntado que la ratificación del decreto de la reforma laboral  es uno de los «frentes abiertos» y ha recordado que, desde hace meses, vienen anunciando, tanto al Gobierno central como a los agentes sociales que lo estaban negociando, cuáles eran sus «líneas rojas» en este tema.

Mediavilla ha indicado que esas «líneas rojas» son el ámbito vasco decisión y, en concreto, la prevalencia de los convenios autonómicos. «Solicitamos que, si querían incluirnos en un consenso básico de cara al decreto, incorporaran tal situación y nosotros podríamos apoyar esa reforma laboral si eso se incluía y no fue así», ha criticado.

El dirigente jeltzale ha denunciado que ahora pretenden «una ratificación a modo de lectura única como trágala» y ha recordado que cabe la posibilidad de establecer el desarrollo de esta iniciativa como proyecto de ley, con lo cual podría ser susceptible de enmiendas y de modificaciones».

Koldo Mediavilla ha asegurado que «unos y otros están intentando convencer» al PNV de que la situación -«por sentido común como decía el señor Pedro Sánchez»- les obligaría a votar a favor de la ratificación.

Sin embargo, ha asegurado que «el sentido común» es que el PNV es «nacionalista como su nombre indica y no va a renunciar en ningún caso» al ámbito vasco de decisión de las relaciones laborales y, en este caso, de la prevalencia de los convenios.

Ante el planteamiento de Confebask de que este tema no es una preocupación real, ya que existe un acuerdo interprofesional firmado en Euskadi en 2017 por los agentes sociales que defiende la prevalencia de los convenios vascos, Mediavilla se ha preguntado quién garantiza que «una vez de que haya un acuerdo en el ámbito vasco nadie lo recurra y caiga porque la legislación no lo contempla». «Pues nadie, ni tan siquiera Confebask, en ese sentido, o va en la ley o el PNV votará en contra», ha manifestado.

Ante las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que advertía de que los que voten en contra se tendrían que justificar porque sería ratificar la reforma laboral de 2012, ha denunciado que el PSOE «utiliza muchas veces» el planteamiento de que no se van a atrever a «dejarle en minoría» porque «lo que está enfrente es mucho peor» y se está ante «la alternativa de guatemala y guatepeor».

«Nos parece un cierto chantaje político el plantear esta situación, lo que debiera hacer más el PSOE y, en concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez es esforzarse en negociar y en dialogar con sus aparentes socios prioritarios con mayor vehemencia», ha indicado.

Koldo Mediavilla ha afirmado que hay que tener en cuenta que el propio Gobierno Sánchez a la hora de hacer un balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos, en su propio informe «venía a reconocer que de los acuerdos alcanzados con el PNV tan solo se había cumplido el 21%».

«Y eso que somos los socios prioritarios, que si no lo fuésemos, vaya usted a saber. Queremos reforzar nuestro posicionamiento, nosotros vamos de cara tanto en este tema como en todos, vamos a la política sólida, a la que fuerza al compromiso y a los acuerdos cumplirlos y es lo que pedimos al Gobierno», ha asegurado.

EH Bildu condiciona su voto a que se recupere la indemnización de 45 días

EH Bildu condiciona su apoyo a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso a que se proteja el marco vasco de negociación colectiva, se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos, se recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de manera que sea necesaria «la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo».

Estas son las principales cuestiones que la formación soberanista reclama al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para su incorporación a la nueva normativa si pretende recabar su apoyo en la Cámara baja, tal como ha recogido en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

El texto, que expone los contenidos que EH Bildu cree que debe garantizar la nueva legislación, destaca que la reforma laboral del PP supuso «una importante pérdida» de derechos para los trabajadores y «un debilitamiento de la negociación colectiva definida por la condición laboral».

A su juicio, «las principales consecuencias han sido la devaluación salarial, la aceleración del proceso de precarización del empleo y la estatalización de la negociación colectiva», con lo que ello supone de «negación» de la realidad socio-económica vasca.

ESTATALIZACIÓN

Para EH Bildu, «la estatalización del marco vasco de negociación colectiva vasca fue, sin duda, una de las cuestiones más perjudiciales e importantes que la reforma laboral trajo consigo en el panorama laboral» de Euskadi. «Ello, además de negar las decisiones adoptadas en nuestro ámbito por la mayoría sindical y empresarial, supone una devaluación de las condiciones de trabajo», asegura.

La formación soberanista destaca que el Acuerdo Interprofesional sobre la estructura de la negociación colectiva que suscribieron en 2017 en la Comunidad Autónoma Vasca los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, y la patronal vasca, Confebask, tiene como objetivo dar prioridad a los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que se firman en Euskadi frente a los del Estado.

«Pero estos acuerdos interprofesionales vascos y, por tanto, nuestro marco, no cuenta en la actualidad con las garantías jurídicas necesarias para garantizar su aplicación pacífica frente a los acuerdos y convenios sectoriales de ámbito estatal», apunta.

En su opinión, el apoyo a la negociación colectiva en el ámbito vasco «adquiere una importancia capital por razones evidentes», y denuncia que «la actual reforma laboral supone perpetuar la situación antidemocrática creada por la reforma del PP, negando la realidad socioeconómica, sindical y empresarial vasca».

HERRAMIENTA «FUNDAMENTAL»

EH Bildu considera que no se debe permitir «que se pierda una herramienta fundamental para regular las condiciones laborales de los trabajadores vascos, que, además, ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito estatal».

En este sentido, advierte de que «la pérdida de derechos puede ser mayor, si se pierde la negociación colectiva como instrumento para recuperar y mejorar los derechos laborales en el marco de la lucha sindical y social».

Asimismo, aboga por «reforzar la estabilidad en el empleo». Para ello, cree que es necesario que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «tenga un control público, recuperando la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo».

También reclama que se proteja a los trabajadores de los despidos improcedentes y, con este objetivo, se recupere «la indemnización y los salarios de trámite que eliminó la reforma laboral del PP».

«En Madrid, la sociedad vasca se ve directamente afectada por la decisión de los elementos derivados de las relaciones laborales, por lo que urge la entrada en vigor de una nueva normativa laboral que dé pasos significativos a favor de los derechos de los trabajadores vascos», subraya.

CINCO CONDICIONES

Por esta razón, exige, en primer lugar, que «se proteja el marco vasco de negociación colectiva sobre la base de la mayoría sindical y empresarial del mismo». También emplaza al Gobierno español a que «garantice que los convenios territoriales y autonómicos vascos tendrán prioridad a la hora de aplicarlos, así como los acuerdos interprofesionales» de Euskadi frente a los estatales.

En segundo lugar, insta a respetar el derecho a la negociación colectiva y el cumplimiento de los convenios colectivos al ser «imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad socioeconómica».

«La necesidad de dotar de flexibilidad a las empresas ante situaciones negativas no previstas no puede justificar el incumplimiento por parte de la empresa de las pactadas por su parte en el convenio, especialmente en materia salarial», avisa.

En este sentido, insta al Ejecutivo a «garantizar que el incumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas por la empresa, alegando la situación de dificultad, se pueda producir previa negociación y acuerdo con la representación sindical».

CONTROL PÚBLICO DE LOS ERES

En un tercer punto, plantea la necesidad del control público de los Expedientes de Regulación de Empleo vascos. En esta línea, pide al Gobierno español que la normativa laboral «recupere la autorización de la autoridad laboral en la tramitación» de estos expedientes.

Otra de sus reclamaciones es que se «adapten y reescriban las causas económicas por las que una empresa despide alegando dificultades». «La reforma laboral del PP flexibilizó la causalidad y se legalizaron los despidos por la mera conveniencia de las empresas, es decir, no solo porque tiene pérdidas, sino también porque recortan beneficios», remarca.

De esta forma, cree que los despidos motivados por causas económicas técnicas y organizativas «deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa, y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo».

En quinto lugar, llama a «dotar de estabilidad al empleo y proteger a los trabajadores frente a despidos improcedentes». Con este objetivo, exige a que la normativa laboral «recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, así como los salarios que se tramitan en los despidos improcedentes».

ERC dice estar «lejos» de un acuerdo en la reforma laboral y no darán un cheque en blanco al Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que están «lejos» de llegar a un acuerdo con el Gobierno en la reforma laboral, aunque al ser cuestionado sobre si llegarían al punto de descarrilar la reforma, ha asegurado que su formación es «poco sospechosa» de «frenar avances».

Rufián ha apuntado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, que el Gobierno ha reducido el «margen de mejora» en la reforma laboral y cree que se queda «lejos» de lo que el Ejecutivo había planteado en los compromisos de investidura.

Con todo, Rufián ha trasladado que el Ejecutivo no se puede sustentar «constantemente en el miedo a su alternativa», en relación a la reforma laboral del PP porque eso «frena los retrocesos» y no implementa mejoras. «Más que izar banderas, es un fracaso», ha señalado.

En este punto, ha lamentado «con pesar» que el Gobierno no haya hablado con su formación durante los nueve meses de negociaciones porque «se centraron en atraer a la CEOE», aunque ha admitido que el pacto con sindicatos y la patronal es un «éxito».

NO VAN A DAR UN «CHEQUE EN BLANCO» AL GOBIERNO

Sobre las declaraciones del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en las que expresaba que «votar en contra es votar a favor de la reforma laboral del Partido Popular de 2012», Rufián ha criticado que la reforma laboral sean como las «lentejas, o las tomas o las dejas» y ha afirmado que no va a dar un «cheque en blanco» al Gobierno.

«Lo llevan repitiendo y utilizando tres años y sería un cheque en blanco para este Gobierno. Nuestro papel es intentar mejorar toda la agenda legislativa y eso incluye uno de los dos grande compromisos, conjuntamente con la Ley Mordaza, como es la reforma laboral. Simplemente queremos que se acerque a aquello que prometieron que es una derogación de lo que hizo el PP», ha apostillado.

En este sentido, Rufián ha asegurado que «hace tiempo que no hablan de líneas rojas» porque es la «mejor manera de que salga» adelante la reforma laboral y ha pedido mejoras «en cuanto a indemnizaciones por despido, salario por tramitación, prevalencia de convenios autonómicos y mecanismos de la administración para frenar ERTES de empresas que despiden masivamente después de recibir ayudas públicas».