Así lo revela en su último ‘Informe Sobre Estabilidad Financiera’ donde alerta que, entre las vulnerabilidades de la economía española, figura la “fragilidad” de algunos hogares con niveles de tasas de ahorro “muy reducidos”, en “parte vinculado al mayor recurso de las familias al crédito al consumo” y en “el colectivo de empresas de menor dimensión y, sobre todo, las que operan en el sector inmobiliario y de la construcción”.

En cuanto al mercado inmobiliario, los autores del informe reconocen que, si bien “no se observa una relajación en las condiciones de concesión de los préstamos nuevos” su “ritmo de crecimiento es elevado, por lo que será necesario mantener la vigilancia”.

A pesar de las cautelas del Banco de España, la cartera de financiación de vivienda continúa menguando porque el repago de los préstamos aún supera a los nuevos préstamos otorgados.

Por otro lado, y pese a la prolongada recuperación que viene experimentando el mercado desde inicios del ejercicio 2014 favorecido por la positiva evolución del mercado de trabajo y “unas condiciones muy favorables para la adquisición de la vivienda por parte de los hogares”, los precios continúan un 31% por debajo de los máximos de 2007, aunque se han revalorizado un 22% en términos reales con una elevada heterogeneidad geográfica.

En cuanto al crédito al consumo, el estudio revela que en apenas tres años ha aumentado en unos 30.000 millones, moviéndose desde algo más de 60.000 millones en diciembre de 2015 a casi 90.000 millones al cierre del pasado ejercicio, lo que supone un incremento “superior al 40%”.

Sus cautelas son por la fuerte concesión y, sobre todo, porque crece el número de operaciones que resultan fallidas. Aún cuando su ritmo de expansión se ha desacelerado desde tasas “cercanas o superiores al 20% desde finales de 2016 al 14,8% de cierre del pasado año, mantiene la preocupación porque la morosidad afloró a partir de 2017 llegando a aumentar a tasas del 20% a mediados del pasado año, aunque al cierre de 2018 se había moderado “ligeramente” hasta el 18,4%.

En el informe el Banco de España alerta también sobre el potencial riesgo de que un fallo en Europa desfavorable sobre el indicador hipotecario IRPH aliente otro brote de litigiosidad que dañe al sector y pase una elevada factura.

“Es importante que las entidades estimen adecuadamente el riesgo legal que puede implicar un potencial aumento de la litigiosidad”, advierte tomando de referencia la experiencia vivida con las cláusulas suelo cuyo proceso de prolongó en el tiempo y hasta enero de 2019 había costado 2.200 millones de euros solo en devolución de las cuantías cobradas por su aplicación a clientes. Solo durante el ejercicio 2016 causó además una merma de 1.900 millones de euros en dotaciones para cubrir el riesgo.

El organismo reitera, además, su llamamiento a las entidades a “continuar reforzando su capital y mejorando su rentabilidad, diversificando sus ingresos y reduciendo racionalmente sus costes” y alerta sobre cualquier deterioro en la economía, por su impacto directo en el sector financiero.

“El impacto potencial de los riesgos sobre el sistema financiero está fuertemente condicionado por las vulnerabilidades estructurales de la economía española”, indica y apunta entre las principales “el elevado nivel de endeudamiento público”, el déficit y la “fuerte posición exterior deudora neta aún existente”, muy vulnerables además a cualquier incremento de las primas de riesgo.