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El CGPJ aprueba el dictamen que duda de la constitucionalidad de las ‘escuchas’ sin control judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su dictamen al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en el que plantea sus “serias dudas de encaje constitucional” a la intervención de las comunicaciones por orden del Ministerio del Insterior sin autorización judicial.

El informe final ha incluido las aportaciones de varios vocales al texto que esta mañana ha sido presentado por los ponentes Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo. Las vocales Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Concepción Sáez han anunciado la formulación de votos particulares concurrentes respecto a varios artículos del anteproyecto.

El órgano de gobierno de los jueces propone que sea posible reabrir los procedimientos una vez transcurridos los plazos que marca la ley para la instrucción -seis meses para las causas ordinarias y 18 meses para las complejas, prorrogables- “cuando aparezcan nuevos elementos determinantes de la comisión del delito y de su participación”.

Además, solicita que la reforma establezca con claridad la naturaleza jurídica de esos plazos y las consecuencias que tendría para el juez instructor incumplirlos con el fin de evitar espacios de “inseguridad jurídica” que puedan afectar a la validez de las diligencias practicadas fuera del plazo de instrucción sin una resolución de prórroga o a otras cuestiones, como la interrupción o no de la prescripción.

Para los vocales, debería permitirse que las partes acusadoras o el juez de oficio puedan mostrarse a favor de la prórroga y que esta no quede solo a petición del fiscal. El Consejo considera que la valoración del texto remitido por el Gobierno “ha de ser necesariamente positiva” en términos generales, ya que es el resultado “de una concepción ágil y moderna de la justicia penal”.

A su juicio, se muestra garante de los derechos fundamentales que han de ser respetados en el proceso penal y “se presenta como el baluarte de una futura y completa, al tiempo que inaplazable, regulación de la justicia penal que responda a las exigencias de la sociedad actual”.

EUROPA PRESS