La iniciativa recibió 169 votos a favor, 132 en contra y 39 abstenciones. Contempla, entre otras medidas, extender la protección por desempleo a los trabajadores y trabajadoras al servicio del hogar familiar; se mejoran los subsidios asistenciales, especialmente en mayores de 52 años, a cuya edad se vuelve, y se reconoce a los fijos discontinuos el acceso al subsidio de más de 52 años.

Respecto de los subsidios se establece que la cuantía será del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), cuantía que se eleva en todos los subsidios al 127% cuando haya cargas familiares.

Además, contempla la reconsideración de las política activas de empleo, en especial de los incentivos al empleo, traspasándolos a otras políticas activas con mejores rendimientos sin necesidad de incrementar el gasto.

La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar y en la proporción a los mismos. El periodo mínimo de cotización será de 360 días, salvo que el desempleado tenga menos de 30 años en cuyo caso será de 180 días.

La diputada de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, fue la encargada de defender la iniciativa y en su discurso lamentó que los desempleados en España han sido “doblemente víctimas del Gobierno del PP” y criticó que mientras sus dirigentes “robaban a manos llenas, dejaban tirados a nuestros parados”.

Díaz citó el “hachazo” en el sistema de protección por desempleo, con la reforma laboral de 2012 en la que “se cargan el subsidio de desempleo para mayores de 52 años” y “dejan a nuestras gentes tiradas”.

Tras pedir el voto favorable, la diputada de Unidos Podemos afirmó que “ojalá el viernes que viene en nuestro país haya un Gobierno” que aparte la corrupción y defienda “a nuestras gentes”.

Desde la oposición, la diputada del PSOE, Rocío de Frutos, manifestó que esta iniciativa “era muy necesaria” y lamentó que “el PP ha llevado a cabo un recorte silencioso de la protección por desempleo” durante las legislaturas de su Gobierno en el que “ha disminuido la cuantía que cobran” los parados y “se han generalizado los subsidios asistenciales”.

Por parte del PP, Joaquín Albaladejo criticó que la proposición desincentiva la búsqueda de empleo y que supone un gasto de 8.000 millones de euros anuales, un 40% más que el gasto actual en protección por desempleo, y “eso es inaguantable”. En su lugar, defendió la política del Ejecutivo, consistente en “crear puestos de trabajo”.

Sergio del Campo, de Ciudadanos, señaló que “nosotros apostamos por un modelo de más y mejores oportunidades” al entender que “los desempleados no quieren más y mejores prestaciones, lo que quieren es trabajar”.