El Congreso pide reformas en la supervisión bancaria y endurecer el régimen de sanciones

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate de la banca pedirá a los legisladores reformas en los esquemas de supervisión nacionales y europeos, endurecer las sanciones cuando haya malas prácticas en las entidades y mejorar las herramientas en Europa para que no vuelva a darse un ‘caso Popular’.

El informe, apoyado por casi todos los grupos políticos, con el único voto en contra de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos y parte del Grupo mixto, subraya que entre los años 2000 y 2007 el crédito se multiplicó por 3,2% hasta llegar a alcanzar el 157% del PIB, es decir, se prestaba más dinero de la riqueza total generada por la actividad económica cebando burbujas inmobiliarias y crediticias sin que se adoptasen medidas para ponerle freno.

«Tanto una como otra burbuja quedaban bajo la responsabilidad de los organismos de supervisión financiera, que no hicieron frente a sus obligaciones al respecto», concluye el documento.

A su juicio, «la única medida con cierto empaque tomada por el Banco de España en la época de gestación de la crisis de cara a salvaguardar la solvencia de las entidades y la estabilidad del propio sector financiero» fue su exigencia al sector de acumular hucha en épocas de bonanza para cuando llegasen los problemas, aunque se retiró años después al no existir algo parecido en la normativa internacional cuya aplicación resultaba obligatoria.

En este sentido, los diputados abogan por fijar reglas de capital y provisiones a la banca suficientes y «bien delimitadas» para que no asuman riesgos escesivos, pero dotar también «de mayor autonomía y competencias al supervisor» para que pueda fijar condiciones específicas a cada entidad, y adaptar la regulación de carácter preventivo de las remuneraciones variables y los blindajes en el mismo sentido.

A su juicio, el sistema de sanciones también se ha demostrado poco útil, por lo que piden revisar la legislación «en materia de responsabilidad y sanciones que afecta a gestores de entidades financieras, personal de organismos supervisores, así como el resto de agentes responsables implicados en el sector financiero» para reconducir conductas.

EL EJEMPLO DEL POPULAR

La comisión apela a la caída del Popular como el mejor ejemplo de que fallaron controles y las normas, ya que, pese a su debilidad, superó pruebas regulatorias y de mercado sin problemas aparentes. «Este dato es merecedor de una seria reflexión sobre la metodología, eficacia y fiabilidad de los sistemas de control o supervisión respecto a la salud de las entidades financieras», indica.

Bajo la teoría de que «las cosas no surgen de repente», considera que la fiabilidad del sector bancario «estará mucho mejor consolidada con mecanismos de supervisión notoriamente mejorados y que complementen modelos predictivos con un análisis detallado y exhaustivo de la realidad de las entidades supervisadas, en especial de la calidad de sus activos».

Si bien el colapso del Popular fue posterior al periodo estimado inicialmente para los trabajos de la comisión y cuando la crisis financiera se daba por reconducida, la comisión enmienda cómo se gestionó su crisis poniendo el foco también en Europa.

El informe reprocha la ausencia de un fondo de liquidez para evitar que, aun siendo regulatoriamente solvente, cayese por falta de recursos, demanda su construción para evitar otro ‘caso Popular’ y aconseja mejoras en el mecanismo de resolución de sistemas y en transparencia.

POLITIZACIÓN DE LAS CAJAS

Su análisis de lo que ocurrió descarta que fuese culpa de la alta polización de las cajas de ahorros y atribuye el problema a leyes de Gobiernos del PP y PSOE que facilitaron la burbuja con el encarecimiento de los suelos, a las políticas monetarias «probablemente demasiado laxas», errores de supervisión a la hora de anticipar lo que se avecinaba y tener mano firme o decisión para reconducir a tiempo las prácticas arriesgas de las entidades y a la voracidad de crecimiento de las entidades para mejorar su rentabilidad.

El documento recuerda que entre los años 2000 y 2008, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661% y el hipotecario al 335% y se financiaba en un 40% -con datos de 2007- apelando a los mercados, lo que incrementó la vulnerabilidad de las entidades frente a shocks externos. «Este desequilibrio fue decisivo para que el impacto de la crisis financiera afectara gravemente a nuestro país», detalla.

Cuando estalla la crisis y falta ese flujo de inversores el ladrillo detona en los balances, ya que el 63% de todo el crédito al sector privado estaba concentrado en actividades inmobiliarias con 227.000 millones en promotores inmobiliarios, refiere.

El informe admite que la ley de cajas «estimuló» un modelo de gobernanza donde la presencia e influencia de los poderes públicos o partidarios «era algo generalizado», pero refiere que la profesionalidad de sus gestores «era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos», lo que, defiende, «viene a refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización».

«Lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares», indica el texto, del que se ha desmarcado Ciudadanos por precisamente exculpar a los políticos.

Atribuye la asunción de malas prácticas y toma de decisiones erróneas a la obsesión por mejorar la cuenta de resultados, y establecer incentivos para su consecución con visión cortoplacista antepuestos a una gestión conservadora, «la ética o la propia sostenibilidad del sistema».

En apoyo de su argumento aluden a la caída del Popular como un «ejemplo perfecto de cómo la confluencia de una política bancaria agresiva alejada de su modelo de negocio tradicional y los incentivos perversos» arrastran a una entidad.

El estudio concluye que una de las causas de la crisis fue la mala comercialización de productos complejos, como las participaciones preferentes, entre clientes sin un conocimiento de los riesgos que asumían, y aboga por mejorar la protección de los consumidores «con una legislación y unas normas claras para su defensa» y una formación financiera superior».

«Se deberían reforzar las campañas llevadas a cabo por la CNMV y Banco de España, así como estudiar la posibilidad de incorporar conceptos relacionados con la educación financiera en los currículums escolares y desarrollar planes en materia de educación y cultura financiera y cívico tributaria» para que los ciudadanos «comprendan el funcionamiento, riesgos y oportunidades de los productos financieros y puedan tomar decisiones responsables», indica.

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