El delegado del Gobierno en Valencia afirma que el Ejecutivo ha decidido “hibernar” este proyecto

El Ejecutivo de Mariano Rajoy fue ayer bastante claro con el proyecto Castor frente a las costas de Castellón. “El Gobierno realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo Castor” así constaba en el escrito de respuesta que recibió ayer la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso, Lourdes Ciurò. Además el escrito remarcaba que el proyecto “mantiene su interés estratégico” para España.

Esta tarde, Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha añadido que el Ejecutivo está estudiando “todas las aristas” que tiene una instalación “tan sensible” como es Castor y ha añadido que por el momento el Gobierno ha tomado la decisión de “hibernar este proyecto”.

Estas explicaciones se suman a las de ayer tras la pregunta de la diputada Lourdes Ciurò (CDC),  quien cuestionó por escrito cómo se repartirá entre los consumidores la factura de 1.350,73 millones de euros de indemnización que se debe pagar a Escal UGS por el cierre del almacén o si se tendrán en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.

Dos aspectos a los que el Gobierno no hace referencia en su texto, que recoge Europa Press, donde se limita a recordar cómo se sucedieron los hechos que condujeron al cierre de Castor en octubre de 2014, tras registrarse dos episodios sísmicos un año antes.

Moragues ha asegurado que la decisión del Gobierno es «hibernar» esta instalación y someterla a una «conservación y mantenimiento», a un «control exhaustivo» y realizar «los estudios geográficos y geológicos oportunos» para que «no haya ningún género de dudas sobre que pueda ser causante de movimientos sísmicos».

Por todo ello, se está estudiando «la resolución de la concesión» y «la exigencia de las reclamaciones», ha confirmado. El fin último, según Moragues, es «preservar la seguridad de los vecinos de la costa que tienen enfrente la instalación de Castor».

En cuanto a la indemnización que el Estado debe pagar a la concesionaria para compensar la inversión ya acometida –1.461,42 millones de euros menos la retribución provisional ya abonada, que asciende a 110,7 millones–, Industria asegura que «no implica en modo alguno la extinción de la responsabilidad» que tanto la empresa como sus accionistas «deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto, y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios».