Las medida afectaría a los casi 200.000 beneficiarios de la prestación y entraría en vigor en 2016
El refuerzo de las políticas sociales del Gobierno para el año próximo podría ampliarse aún más de lo ya previsto en los Presupuestos Generales para 2016. De aceptarse el centenar de enmiendas presentadas por el Grupo Popular a partir del año próximo los beneficiarios de la pensión de invalidez podrán trabajar sin perder su derecho a la prestación.
Con esta medida se daría respuesta a una de las reivindicaciones históricas del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y afectaría, a bote pronto, a los casi 200.000 beneficiarios que el Ejecutivo prevé para esta contingencia. En declaraciones a Diario Financiero fuentes próximas al Cermi, han confirmado que «hay muy buena disposición por parte del Gobierno para que se lleve adelante la medida pero aún quedan algunos flecos por detallar». Concretamente el de si los autónomos con discapacidad podrán también acogerse.
Precisamente desde el colectivo de trabajadores por cuenta propia ya se viene reclamando una mayor flexibilidad en los supuestos de compatibilización de trabajo y prestaciones. Ata (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) presentó el pasado mes de julio el Programa Ata 2016 – 2020: «Solucionar la vida a los Autónomos», una batería de cerca de 30 medidas entre las que se recoge, la posibilidad de que trabajar y cobrar la pensión -en este caso de jubilación- sea una de las claves en la hoja de ruta del Gobierno para con los autónomos.
En este sentido desde la Federación ven factible que el Ejecutivo diga sí ya que «a la Seguridad Social es a la primera que le interesa». Especialmente por «el ahorro» que supondría para las arcas del sistema. Adelantar la edad jubilación supone que el sistema asume un 50 por ciento menos del coste de la pensión y permitiría que, de seguir trabajando, el beneficiario continuaría contribuyendo al sistema con sus cotizaciones.
Más ayuda a las familias
Mejorar el estado de bienestar es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, y así se ha plasmado en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, en los que el gasto social se incrementa un 3,8 por ciento. En esta línea se tiene previsto, a propuestas de UPN (Unión de Pueblo Navarro), llevar adelante un Plan de Familia que contaría con una dotación de 2 millones de euros.
Aunque no ha habido confirmación oficial, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy ha insistido en que «es un compromiso que se adoptó en debate parlamentario. Y los compromisos se cumplen».
Lo mismo ocurrirá con la pensión de jubilación a las madres con dos o más hijos que, de aprobarse otra de las enmiendas presentadas por el PP, tendrá efectos desde el próximo 1 de enero de 2016 y se aplicará con carácter indefinido. La propuesta ya se plasmó en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, aprobado en el Consejo de Ministros del 14 de mayo pasado, y establece un incremento del 5 por ciento sobre la pensión que cobra una madre jubilada con dos hijos a cargo, del 10 en el caso de las que tengan tres hijos y del 15 en el de aquellas con cuatro o más hijos.
El objetivo que se persigue es incentivar la maternidad y equiparar la pensión media de hombres y mujeres. Actualmente ellas cobran de media 1.096 euros frente a los 1500 euros de los varones, lo que se explica porque el 98 por ciento de las excedencias son solicitadas por madres trabajadoras con hijos a cargo. Por otra parte, y según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, serán 123.357 mujeres las que, en 2016, se verán beneficiadas y el coste se elevará a 51 millones de euros, mientras que el impacto económico y presupuestario será de más de 231,35 millones de euros.
