A solo 48 horas de la dudosa celebración de la consulta del 9-N por la independencia de Cataluña, el Gobierno insiste en dejar claro su ilegalidad. Crítica a Artur Mas por intentar esquivar las sentencias del constitucional y alerta de que la Generalitat está obligando a algunos ciudadanos a actuar de forma ilegal. Asegura que no es justo que se implique a funcionarios, trabajadores públicos y a la sociedad catalana en general en un proceso que va contra la ley.

Por otro lado, la vicepresidenta también ha aprobado un crédito especial de 7 millones de euros para ayuda humanitaria destinada a los países más afectados por el ébola en África tras las quejas que ha habido por los partidos de la oposición. También se autorizan nuevos fondos para reforzar la capacidad de respuesta del ministerio de Sanidad. También ha aprobado créditos especiales para los Ministerios, entre ellos para la lucha contra el ébola, por importe de 21 millones de euros.

Sáenz de Santamaría no ha querido, sin embargo, valorar la imputación de la Cristina de Borbón conocida esta mañana. Dice que lo único que pueden hacer es respetar las decisiones judiciales.