Rafael Catalá mantiene que los criterios de orden jerárquico de la fiscalía son los definitivos
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press Televisión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado como «anómalo» que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en en el que se pide que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El ministro ha lamentado, también, que la discrepancia haya trascendido al público.
«Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)», ha afirmado Catalá, que considera que el criterio jerárquico de la Fiscalía, por el que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia, y «ratifiquen o modifiquen» algunas cuestiones, está por encima de los criterios legales y de justicia. «Así funciona siempre la Fiscalía, no hay ninguna manipulación», ha remachado, y ha añadido que no cree que los fiscales que están en los máximos niveles de la institución, con 40 años de carrera a sus espaldas, vayan a dejarse presionar por nadie.
Quizá el enojo de Rafael Catalá está justificado, porque los ministros de justicia del PP están acostumbrados a que los fiscales actúen habitualmente por criterios fundamentalmente jerárquicos cuando se trata de dilucidar algunos asuntos de miembros de partidos políticos. Sin ir más lejos, la Fiscalía General del Estado ha intervenido para frenar, según han publicado diversos medios, la posible imputación por parte de instancias fiscales inferiores del ex presidente La Rioja y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz; y la del presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos urbanísticos.
La historia es larga. En diversos casos de corrupción política, los fiscales en lugar de actuar como defensores de los derechos del Estado, y por tanto de todos los ciudadanos, han ejercido como abogados defensores. El más significativo es el del fiscal Pedro Horrach, que justificó su defensa jurídica a la Infanta Cristina en el caso Nóos asegurando que toda la acusación se debía a «un prejuicio de la sociedad» en torno a la ex duquesa.
Pero es que en junio de 2016, la Fiscalía Anticorrupción rechazó que los máximos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) participaran «consciente, voluntaria y materialmente» en la presunta estafa que supuso la salida a Bolsa de Bankia y, en consecuencia, negó que una supuesta «desidia» en su labor de supervisión fuera constitutiva de un ilícito penal. Y así una larga lista de intervenciones en que los espectadores ha contemplado cómo en los principales casos de corrupción en España (Luis Bárcenas-Caja B, Abengoa, Ignacio González, Púnica…) no saben exactamente, antes de empezar la sesión de un juicio, en qué banco y de qué lado se sentarán algunos representantes del ministerio fiscal.
