La sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal falló el pasado día 22 de octubre que el tributo debía asumirlo la entidad financiera y no el cliente, como ocurría hasta ahora, al constituir el préstamo, y que este pronunciamiento es firme.

Sin embargo, el pleno del Supremo, conformado con una treintena de magistrados, deberá clarificar mañana lunes «si dicho giro jurisprudencial debe o no ser confirmado» en una revisión anómala y polémica de la resolución inicial, forzada por el presidente del Tribunal, Carlos Lesmes, ante la fuerte incertidumbre generada entre bancos y clientes.

El fallo cayó el mismo día como una bomba en la bolsa al rememorar sentencias judiciales análogas que han costado miles de millones de euros en provisiones a la industria financiera por la anulación de condiciones contractuales como las cláusulas suelo y otros gastos de constitución hipotecarios.

Quince días después, los ocho bancos cotizados (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Bankinter, Unicaja y Liberbank) aún cerraron el viernes pasado con un valor conjunto de 150.058 millones de euros, el 2,66% inferior a los 154.156 millones a los que capitalizaban la víspera de conocerse la polémica sentencia.

RECORTES EN LA COTIZACIÓN

Por el camino se han quedado 4.098 millones y solo el Santander ha conseguido salvar las caídas generalizadas anotándose un avance del 0,56% en el periodo. En el resto, los retrocesos de valor han oscilado entre el 1,07% de Liberbank y un 15,56% en Unicaja. La cotización de Bankia recortó un 9,58%, también penalizada por los resultados presentados; pero Sabadell se dejó un 5,82%, BBVA el 2,53%, Caixabank un 6,55%, y Bankinter pierde un 5,81% desde el 22 de octubre.

La banca de forma individual y colectiva a través del presidente de la patronal AEB, José María Roldán, aseguran que acatarán la resolución final pero se han unido para defender que ésta no debe tener efectos retroactivos porque la banca cumplía con la normativa vigente desde 1980.

Dicho reglamento, confirmado y desarrollado en una ley de 1995 y en otras resoluciones del mismo Alto Tribunal de finales de 2017, imputaba el pago del tributo al cliente, tal y como han explicado de forma reiterada.

Los principales ejecutivos de la insdustria -los consejeros delegados del Santander, José Antonio Álvarez; de BBVA, Carlos Torres; de Caixabank, Gonzálo Gortázar; de Bankia, José Sevilla, o de Bankinter, María Dolores Dancausa- han aprovechado además los resultados para defender con voz unívoca que no cabe penalizar a quien cumplía con la ley, y subrayar que la banca nunca ingresó esas cantidades.

AUTONOMIÁS

En sus declaraciones han defendido que esta situación nada tiene que ver con otros procesos judiciales como las cláusulas suelo porque el impuesto lo recaudaban las administraciones fiscales de las comunidades autónomas y no entraba en caja de los bancos; lo que convertiría en anómalo devolver algo no cobrado.

Hasta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernandez de Cos, entró de lleno en la polémica durante su intervención la semana pasada en el Congreso reclamando «seguridad jurídica» para el mercado hipotecario que permite al ciudadano adquirir vivienda y es uno de las actividades principales de la banca.

Su defensa se alineaba con la demanda de banqueros y la AEB, urgiendo al Supremo claridad en su pronunciamiento para todos -banca, clientes, administraciones tributarias y hasta instancias juduciales- y «seguridad jurídica» para un mercado donde las operaciones se conceden a plazos largos, de 20-25 años, y donde cualquier cambio de regla puede afectar al plazo o precio.

En los últimos años, sin embargo, ha estado sujeto a permanentes e inesperados cambios de escenarios por sucesivas sentencias en litigios judiciales como las cláusulas suelo o medidas políticas, como penalizaciones por viviendas vacías en algunas autonomías.

16.000 MILLONES

La retroactividad en el impuesto de activos jurídicos documentados (AJD) que descartan en la industria supondría otro golpe mortal a las cuentas. Moody’s cifra entre unos 2.300 millones y 16.000 millones los costes de tener que devolver el tributo en función de que la retroactividad se aplicase sobre cuatro años o toda la vida del préstamo.

Un impacto que las entidades buscarían repercutir en sus productos o servicios. Incluso, sin retroactividad, imputar el impuesto a las entidades y no al cliente a las haciendas locales es susceptible de encarecer las hipotecas futuras porque añade capas de costes al productos, sin bien los banqueros reconocieron que su traslado y en qué cuantía dependerá de la capacidad de la entidad de asumirlo y del juego de la competencia.