El sector industrial constituye uno de los papeles más importantes en el crecimiento económico y, por lo tanto, de empleo, ya que este último es de mayor calidad y más estable. Además, ayuda también a superar los tiempos de recesión, como lo han comprobado aquellos países en los que el sector constituye uno de los mayores pesos en su Producto Interior Bruto.

Para hacer frente, la Comisión Europea ha aceptado el reto de la reindustrialización de Europa, lo que se refleja en su estrategia “Una política industrial integrada para la era de la globalización”, la cual tiene como objetivo que el sector represente el 20 por ciento del PIB europeo en 2020.

Con tal motivo, el Gobierno de España ha puesto en marcha una política económica orientada fortalecer y desarrollar una industria sólida, competitiva y de referencia internacional. Por esta razón, ordenó la elaboración del “Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España”, el cual presenta unas bases de las cuales, según el Gobierno, el 98,3 por ciento ya están puestas en marcha.

Algunos ejemplos son las iniciativas Industria Conectada 4.0, que pretende facilitar la transformación digital de la industria española aprovechando el potencial de las tecnologías innovadoras. Otro es la Estrategia de Vehículos de Energías Alternativas, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y que tiene como objetivo impulsar el vehículo que utilice carburantes de tipo alternativos en nuestro país.

¿Qué medidas contempla la Agenda?

La Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España constituye un plan de acción, integrado por un conjunto de propuestas de actuación que van a permitir mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en nuestro país y a contribuir a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB.

Son un total de 10 líneas de actuación divididas en tres ámbitos: nacional, internacional y actuaciones transversales. De esta forma, la primera de ellas busca fomentar el consumo de los productos Made in Spain del mismo modo que hacen otros países como Alemania, que utiliza el Made in Germany como garantía de calidad. Para ello, hay que reforzar y optimizar los programas de estímulo apoyando de forma financiera a la inversión en sectores estratégicos industriales, mejorando así su competitividad, además de ayudar a los programas de financiación público-privada para pymes o potenciar la inversión en sectores industriales de alta tecnología.

La segunda de las líneas consiste en mejorar la competitividad de los factores productivos claves, permitiendo a España consolidarse como una ubicación de referencia en Europa. Y es que, debido a su localización geográfica, nuestro país es el cuarto europeo por volumen de mercancías portuarias. La Península es el primer punto de encuentro para los países Latinoamericanos que vienen a Europa y viceversa, además de la principal conexión con el continente africano. Reducir el Coste Laboral Unitario, como lo ha hecho desde el inicio de la crisis, lleva a un aumento de la competitividad de las empresas, encontrándose en una posición favorable frente al resto de los países de la Unión Europea. Si además reduce el coste del transporte y mejora las redes y conexiones nacionales e internacionales, su competitividad será mayor.

Otra medida que llevaría a la industria a alcanzar el 20 por ciento del PIB es reducir el coste eléctrico de las empresas industriales, ya que este es un 10 por ciento al de la media europea. Esto se podría conseguir fomentando el acceso a fuentes de energía competitivas, permitiendo impulsar el mercado interior e impulsando el desarrollo e implantación de tecnologías para el despegue de redes inteligentes de electricidad que beneficien o penalicen en función de la oferta y la demanda.

Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español para atraer inversores. Los Programas de Unidad de Mercado del Gobierno pretender dar seguridad jurídica y estabilidad al marco regulatorio. De esta forma, los objetivos son minimizar los costes para los operadores, permitir las economías de escala y alcance e incentivar la competitividad, el empleo y el crecimiento. Para conseguirlo, es preciso reforzar la colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, analizando las propuestas y medidas sobre política industrial de forma conjunta; promoviendo medidas contra el incumplimiento de los plazos administrativos en el ámbito medioambiental y urbanístico; y avanzando en el control de la morosidad en los plazos de pago.

A pesar del progreso en I+D+I desde la década de los 90, España sigue a años luz de los países líderes de la Unión Europea, principalmente en la inversión que realiza el sector empresarial. Para mejorar la situación hay que reforzar los programas financieros destinados al fomento de I+D+I del sector industrial y crear las condiciones que faciliten el acceso de la empresa a la financiación, promoviendo programas de I+D+I que permitan la colaboración entre empresas de distintos tamaños y mejorando la fiscalidad en sus actividades.

Por otro lado están las pymes, que son muchas y su falta de crecimiento genera desventajas que limitan su competitividad y potencial de crecimiento. El Objetivo es convertirlas en empresas profesionales y de mayor tamaño, aunque para ello hay que empezar por reducir los costes asociados a su crecimiento, favorecer la atracción de talento, impulsar el desarrollo e implantación de las TIC en ellas y reducir la morosidad de las Administraciones y entre empresas.

Sin embargo, todo esto no funciona si no se cambia el modelo educativo y se adapta a las necesidades de las empresas. Para ello es preciso el crecimiento de los contratos de formación para jóvenes, facilitando su transición hacia el mercado laboral.

Para finalizar, en materia internacional es preciso apoyar la salida al exterior de las empresas porque el aumento de las exportaciones contribuye positivamente a la actividad industrial, aunque para ello hay que facilitar el acceso a la financiación de las operaciones internacionales, impulsar la labor diplomática hacia las oportunidades comerciales en los distintos países e impulsar, promover, facilitar y reforzar la presencia en España de migración cualificada, a través de la facilitación de la expedición de los visados y de las autorizaciones, favoreciendo la movilidad internacional.

Yasmina Pena