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Los ganaderos españoles son los que tienen mayor protección de Europa

El sector ganadero español no está pasando por su mejor momento. La crisis láctea ha acuciado los problemas entre los trabajadores del sector primario pero los ganaderos españoles son los que tienen mayor protección en Europa. Lo ha manifestado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,  esta mañana  en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, en Bruselas.

Tejerina ha recordado al respecto que en 2009 España reguló el paquete lácteo y que el Gobierno español lo implementó para hacer que los contratos del sector sean de carácter obligatorio. Además, insistió en que los  ganaderos españoles disponen de garantías que no tienen cabida en otros países porque el incumplimiento de esta obligatoriedad es sancionado.

En este sentido, ha recordado ante los medios que el Gobierno negoció una reforma de la Política Agraria Común que vela por los intereses del sector ganadero, evitando la convergencia que les hubiera causado una pérdida importante de ayudas y decidió conceder al sector un apoyo adicional a través de las ayudas acopladas. Esta inyección de liquidez, tanto procedentes de la UE como del presupuesto nacional, hacen que la situación del mercado esté compensada.

Sin embargo, es necesario llevar a cabo reformas estructurales en el sector a través de una mayor integración y organización que haga más resistente la actual situación de precios.

Medidas para mejorar la cadena alimentaria

La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria también tuvo su espacio en la reunión que mantuvo Tejerina en Bruselas y sobre acerca de ella manifestó que “es una buena ley, que va a contribuir a un desarrollo más equilibrado del sector agroalimentario”.

Lo que se busca con esta ley es aumentar la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario, reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor y lograr un marco de competencia justa que redunde en el beneficio de los operadores y los consumidores.

Tejerina ha puesto en valor los diferentes trabajos y documentos elaborados por las instituciones europeas para evitar los efectos desleales sobre la cadena de suministro alimentario, tema sobre el que existe una coincidencia en el diagnóstico de la situación. Estas prácticas desleales son consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena y los pequeños agricultores “están especialmente expuestos” porque dichas “prácticas desleales constituyen un obstáculo para el desarrollo y el funcionamiento del mercado interior y distorsionan los mecanismos del mercado”.

Así, establece la obligatoriedad de que los contratos de compraventa se formalicen por escrito, en caso de que uno de los operadores sea un productor agrario o esté en una situación de debilidad ante la otra parte. Con ello, se impide la venta del producto sin precio conocido y se refuerzan las garantías del cumplimiento de los plazos de cobro. De igual manera, se prohíben las prácticas abusivas, las modificaciones unilaterales de los contratos, la exigencia de los pagos no comerciales no previstos o la exigencia de suministro de información comercial sensible.

Para velar por ello, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) controlará el cumplimiento de las prácticas y aplicará un régimen sancionador. Es “un firme aliado en la defensa de la legalidad, como ya se está demostrando durante el tiempo que lleva funcionando”, explicó Tejerina.

Código de buenas prácticas mercantiles

Tejerina también se ha referido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles, el cual permite ampliar los compromisos que asumen los operadores con el objetivo de conseguir una mejora en el clima de confianza en el desarrollo de las relaciones comerciales.

Este es un “potente sistema” que incorpora el código de buenas prácticas para la resolución de conflictos y cuyo fin es dar una respuesta rápida a las posibles discrepancias que puedan ocasionarse por el incumplimiento de los compromisos asumidos. “Supone nuevas oportunidades para mejorar las relaciones comerciales”, sentenció.

Yasmina Pena