Hoy entra en vigor la ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Una ley con la que se elimina el límite a la cuantía de las sanciones -que se situaba en 187.515 euros- y se refuerza la labor de la inspección de trabajo.

La norma -publicada ayer en el BOE- eleva el rango de las sanciones e introduce como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada.

Desde este viernes queda tipificada como infracción muy grave ocupar a beneficiarios o solicitantes de prestaciones periódicas o pensiones de Seguridad Social, siempre y cuando su disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena.

Además, la nueva ley hace hincapié en la lucha contra la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.