La norma retrasa de forma gradual la edad de acceso a la jubilación anticipada, de forma que en 2027 se situará en los 65 años en los casos de retiro voluntario y en los 63 años en los forzosos. El decreto salió adelante con 177 votos a favor, 126 en contra y 2 abstenciones. Además, el Pleno rechazó tramitar la norma como proyecto de ley.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue la encargada de defender el texto en la tribuna de la Cámara Baja, y aseguró que contiene una reforma "necesaria". Además, indicó que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia del sistema público de pensiones.
Báñez quiso dejar claro que el Sistema "goza de buena salud", aunque es necesario tomar medidas para garantizar su sostenibilidad a la largo plazo.
CRÍTICAS DEL PSOE
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, denunció que con las iniciativas del Gobierno "cada vez el trabajador va a atener mas difícil acceder a una pensión digna".
"Nos están llevando a un cambio al sistema público de pensiones que no estamos dispuestos a aceptar", dijo la diputada socialista, quien agregó que su grupo "apoya un sistema público de reparto de solidaridad intergeneracional". Nos va a encontrar enfrente; si quieren volver al pacto de Toledo nos van a encontrar para soluciones. Vuelvan al pacto de Toledo, pero para negociar y encontrar un punto de encuentro.
La portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Carolina España, respondió a los socialistas que son "bastante frágiles de memoria", y agregó que "se trata igual a todos los ciudadanos sin discriminación". La diputada popular destacó también que el Pacto de Toledo "está muy vivo".
"INJUSTO"
Desde CiU, Carles Campuzano indicó que su grupo no va a apoyar el decreto porque consideran que es "innecesaria e injusta", y agregó que las respuestas que se necesitan a medio y largo plazo no pueden estar condicionadas por la actual coyuntura económica.
El portavoz de La Izquierda Plural en el debate, Joan Coscubiela, justificó su rechazo a la reforma porque es un decreto "injusto", "injustificado", "inconstitucional" y "políticamente cínico", que traslada a la sociedad la idea de que quienes se jubilan anticipadamente se aprovechan del sistema.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, lamentó que "se han tomado medidas que perjudican a los trabajadores de más edad" y pidió que se retiren. Además, aunque reconoció que el Gobierno ha informado mucho al Pacto de Toledo no han aceptado propuestas de los demás grupos.
Emilio Olabarría, del PNV, señaló que la reforma que propone que el Gobierno "ya tienen una profundidad ideológica" que llevaría a la inconstitucionalidad de la misma, pues utilizar a la familia como elemento sustitutivo del Estado es más que privatizar. Además, ve problemas competenciales.
Para el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, el Gobierno "se está cargando las cuentas de la Seguridad Social", y añadió que "hablar hoy del Pacto de Toledo es como de la lista de los reyes godos, no existe".
Desde Coalición Canaria, Ana Oramas comentó que para abordar la problemática de los costes que soporta el Sistema, el Gobierno ha tomado un "atajo" consistente en endurecer la jubilación anticipada.
Mientras, la diputada del BNG, Olaia Fernández señaló que el decreto es "tan malo" que el Ejecutivo ha tenido que "recurrir a la mentira y decir que es fruto del acuerdo del Pacto de Toledo".
El diputado de Compromís -Equo, Joan Baldoví, señaló que el "eufemismo" con que se ha titulado el decreto, en referencia al envejecimiento activo, muestra la "catadura moral" de sus impulsores.
CONTENIDO DECRETO
Con esta norma, se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización exigido al trabajador que se quiere jubilar parcialmente. En este caso se sitúa en 25 años en los casos de personas con discapacidad. Además, se abre la posibilidad de que todos los trabajadores puedan acceder a la mitad de su pensión mientras mantienen una actividad, tanto por cuenta propia como ajena.
El real decreto modifica la normativa que obliga a las empresas en beneficios y con más de 100 empleados a compensar al Tesoro si incluyen en despidos colectivos a trabajadores mayores de 50 años. A partir de esta norma, sólo deberán compensar al Tesoro aquellos casos en los que se considere que hay una "discriminación por edad".
En la norma se recogen también cambios de las condiciones de acceso al subsidio por desempleo para mayores de 55 años, de manera que a partir de ahora se tendrán en cuenta las rentas de toda la unidad familiar y no sólo las del beneficiario.
