El presidente de este sindicato, Miguel Borra, afirmó en rueda de prensa que esta reforma, que "llega muy tarde", además "abre la puerta" al despido y la privatización de servicios.

En esta línea, Borra señaló que con esta futura ley se verán afectados medio millón de empleados públicos, entre personal laboral y funcionarios, de los que hasta 115.000 pueden ver peligrar su trabajo o sufrir cambio de administración.

"Se está perdiendo una oportunidad histórica para que, de una vez por todas, se defina qué tienen que hacer las administraciones públicas", afirmó, y que "de ahí nadie pueda salirse".

Desde este sindicato denuncian que durante los años de bonanza económica, principalmente, las administraciones locales invirtieron en cosas superfluas y que ahora el recorte afecta a todo. "Que todo se pague con dinero público no quiere decir que todo tenga el mismo tratamiento", aseveró Borra.

En este sentido, el presidente de CSI-F indicó que ante esta reforma "deben de garantizar el servicio público" y que, por tanto, velarán porque se mantenga el máximo posible de los empleos públicos.

Acabar con las duplicidades, dijo, "no necesariamente" implica que sobre personal, por lo que entiende que es importante "mantener el máximo número de trabajos" y evitar la externalización y la privatización de servicios.

Borra reconoció que tienen "miedo" a que esta reforma abre la puerta a la privatización y no se garanticen los servicios sociales que, consideran, son vitales que preste la Administración Pública. "Echamos en falta de que se definan los servicio", dijo el presidente del sindicato, para que "no queden las cosas al arbitrio del político del turno".

Por otra parte, Miguel Borra afirmó que le parece "desproporcionado" que algunos directivos de empresas públicas tenga un sueldo superior al del presidente del Gobierno y reclamó "sueldos tasados" para el personal que se contrata en las administraciones públicas.