Así lo recoge la propuesta enviada por el Ejecutivo a los agentes sociales para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional contraria al modelo hasta ahora vigente sobre el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la pensión de jubilación. El modelo previsto por el Gobierno establece que "en todo caso" se exigirá a los trabajadores, sean a tiempo parcial o completo, llevar 15 años dados de alta en la Seguridad Social, independientemente de los días que se consideren cotizados.
Una vez cubierto este requisito, se calculará el periodo de cotización correspondiente a los ocupados que han estado trabajando a tiempo parcial, para lo que se utilizará un coeficiente de parcialidad en función de la jornada realizada en comparación con la de un ocupado a tiempo completo.
Por ejemplo, en el caso de un trabajador que ha estado dado de alta durante 15 años en la Seguridad Social, diez de ellos a tiempo completo y cinco a tiempo parcial con una jornada reducida a la mitad; los cinco años a tiempo parcial se reducirían en un 50% (correspondiente con la jornada realizada) y equivaldrían a dos años y medio, de manera que el tiempo total cotizado sería de 12 años y medio.
La propuesta del Gobierno recoge que el coeficiente global de parcialidad sería la proporción de días cotizados entre el total de días en alta. En este ejemplo, serían 12 años y medio sobre un total de 15 años de alta, es decir, un coeficiente del 83,3%. Este coeficiente se aplicaría también para calcular los periodos de carencia necesarios para acceder a la pensión y para cumplir distintos requisitos ligados a esta prestación. De esta forma, según muestra el ejemplo, un trabajador a tiempo parcial con 12 años y medio cotizados podría cobrar su pensión de jubilación, ya que ha estado 15 años de alta en la Seguridad Social. No obstante, este coeficiente también se aplicaría para calcular la cuantía de la pensión, de manera que se vería reducida para compensar por el menor tiempo cotizado.
El informe establece que una vez hallado el tiempo cotizado se aplicaría la escala legalmente establecida, que impone una reducción de la cuantía del 50% para los que tienen 15 años cotizados, con un incremento de 0,19 puntos por cada mes adicional hasta los 248 meses, y 0,18 puntos en los siguientes 16 meses. No obstante, la propuesta no aclara qué sucederá en los casos en los que el periodo que se considere cotizado sea inferior a 15 años, que hasta ahora era el mínimo. Fuentes del Ejecutivo explicaron que se aplicarán reducciones para mantener la proporcionalidad, pero apuntaron que el mecanismo que se establezca está abierto a negociación.
Lo mismo ocurre con los complementos a mínimos, es decir, las aportaciones del Estado para completar las prestaciones más bajas y permitir que alcancen la cuantía de la pensión mínima establecida.Sobre este tema, el Ejecutivo insta a "reflexionar sobre el acceso a los complementos a mínimos de las pensiones en la forma regulada por el sistema de la Seguridad Social, a fin de evitar agravios comparativos entre trabajadores con esfuerzos contributivos muy distintos que al final obtienen la misma pensión".
Por último, sobre el acceso a los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, el informe apunta que se aplicará el coeficiente de parcialidad sólo si en los periodos computados el ocupado ha estado trabajando a tiempo parcial. Es decir, si ha trabajado a tiempo parcial en los últimos cinco años en el caso de la incapacidad temporal y en las bajas por riesgo durante el embarazo y la lactancia, y los últimos siete años en el caso de la maternidad.
En el informe, el Gobierno sostiene que su propuesta "facilitaría el acceso a las prestaciones a un mayor número de trabajadores". En concreto, en un anexo apunta que de los 2.947 casos en los que se denegó el acceso a la pensión a trabajadores a tiempo parcial en 2012 por no cumplir con el periodo requerido de cotización, el 39,4%, es decir, 1.162 sí accederían a la prestación con el nuevo modelo. También asegura que la fórmula propuesta "garantizaría el principio de igualdad en el acceso a las prestaciones para todos los trabajadores" y aportaría "una solución homogénea tanto para pensiones como para subsidios".
