El siguiente gráfico muestra de forma clara los tipos impositivos vigentes en el impuesto sobre sociedades desde 1998 hasta 2011. Los gráficos del presente post y de otros referentes a fiscalidad se los debo agradecer a David Ballester, economista, redactor de su propio blog en Expansión y uno de los editores de la página de economía “Con tu negocio”.
Analizando el gráfico vemos, y más en concreto en los últimos años de crisis económica, que es lo que realmente nos interesa, que para el caso de España tenemos el honor de poseer los tipos más altos en este impuesto con diferencia del resto de nuestros socios (a excepción de Malta, y ya sabemos todos en qué se está convirtiendo ese país, y Francia, en recesión actualmente). Nada menos que un 31,9% para 2011 después de bajar desde el 32,8 de los años anteriores.
Comparamos estos datos para 2011 con los de las otras cuatro principales economías de la Unión (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y las diferencias son evidentes:
España: 31,9
Alemania: 28,2
Reino Unido: 27
Francia: 32,8
Italia: 27,4
Comparado con otras economías, que si bien más pequeñas, son muy importantes, como por ejemplo Suecia con un 23,2, Bélgica 25,9, Dinamarca 22,6, Austria 23, Finlandia 24,7, Luxemburgo 24,9,… todas ellas economías receptoras netas de inversiones y con unas tasas de desempleo que no soñábamos los españoles ni en plena etapa de burbuja.
Un dato muy interesante es comparar nuestros tipos con los de la media de la UE que fue del 21,3% en 2011, o sea una diferencia de 10,6 puntos.
Más interesante aún es comparar la desviación de los tipos medios respecto a la media, que medido en términos de Coeficiente de Variación (mucho más intuitivo para el público en general que la varianza o la desviación típica), reflejó para ese año 2011 un coeficiente de 0,31, es decir, en términos porcentuales, una desviación del 31%.
Interesante es la evolución de estas desviaciones, desde el 0,23-0,24 al comienzo de la muestra hacia los 0,32-0,31 de los años finales. Es decir, hay algunos países que están incrementando los tipos impositivos sobre sociedades en relación a la media, o algunos los están bajando, o ambos fenómenos al mismo tiempo. Sería una cuestión a analizar en un posterior artículo.
Las conclusiones que podemos extraer son las siguientes:
España tiene unos tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades que supera en más de 10 enteros a la media de la UE.
Las desviaciones de los tipos sobre la media se van incrementando en términos generales a lo largo del tiempo.
Nuestros tipos son superiores a los de las economías más importantes en términos generales, y muy superiores a los de economías más pequeñas, pero que son actualmente muy solventes y disfrutan de unas tasas de desempleo envidiables.
Las conclusiones, al margen de estos datos estadísticos son:
Disponer de unos tipos impositivos más altos (o mucho más altos) que los países del entorno y más si son nuestros socios comerciales, con los que no tenemos barreras a la circulación de mercancías y capitales, es un factor enormemente negativo para nuestra competitividad, nuestra capacidad de atraer inversiones, y finalmente nuestra capacidad de crear riqueza y puestos de trabajo.
Si a esto unimos las cientos de miles de páginas publicadas por los gobiernos central y los regionales cada año, la no existencia de mercado único interior, y los enormes frenos que todo ello significa en cuanto a la creación de empresas, conduce a nuestra economía a una situación de letargo, recesión y enquistamiento con altas tasas de desempleo, que no serán amortiguadas si las situaciones que las producen no desaparecen en gran medida.
Las inversiones en la UE irán allí donde mejores rendimientos puedan obtener, entre otros factores. Tener que afrontar unos tipos impositivos mucho más altos que la media y enfrentarse a un mercado interior fragmentado, con un batiburrillo insufrible de miles de normativas económicas y frenos a la libre empresa, va en el sentido contrario a la inversión y posterior creación de puestos de trabajo.
El gobierno entiende mal qué significa “incentivar la economía”, piensa que se trata de gastar más dinero público canalizándolo a través de organizaciones empresariales o sindicales, cuando en realidad la economía respondería perfectamente a cambios normativos bien orientados, y con coste cero para el contribuyente.
Manuel Caraballo Callero
Economista
