Ambos son un claro indicativo de que el Gobierno hace un ajuste en numerosas partidas que afectan directamente a los ciudadanos, también ajustes a los funcionarios que han visto congelados sus sueldos durante años y luego reducidos, con la promesa de nueva congelación en los siguientes, pero no afecta nada, o prácticamente nada, a los cargos políticos y los directivos de empresas públicas. No digamos nada de a dónde ha ido a parar la promesa electoral de Rajoy respecto a la reestructuración de las empresas públicas.

¿Qué motivos de tipo económico se pueden esgrimir para defender la existencia de empresas permanentemente deficitarias con servicios de dudosa o nula utilidad pública? ¿Qué sentido tiene en pleno siglo XXI que, por ejemplo, una televisión (actividad netamente privada) sea sustentada con el dinero del contribuyente, mientras se recortan servicios muy importantes para la competitividad de nuestra economía en el futuro?

Pero, detengámonos unos instantes en el artículo de Francisco Núñez en El Mundo:

• • Uno de los datos más sorprendentes es que, a pesar del compromiso de la Comisión Nacional de Administración Local con el Gobierno de reducir las empresas y entes públicos (hay casi 3.400), los 2.305 ayuntamientos se comprometen a ahorrar unos 2,6 millones de euros. Este ahorro provendrá de «la reducción del número de consejeros en los consejos de administración de las empresas del sector público» y se conseguirá, según los consistorios, durante los 10 años que dura el plan de viabilidad y la vida de los créditos que les asignarán las partidas para pagar las facturas. La media anual conjunta de estos recortes será de sólo 260.000 euros.

  • Particularmente llamativo es el esfuerzo que anuncian por este concepto los 15 ayuntamientos más importantes del país por población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat). La reducción de gasto prevista es de 200.000 euros en consejeros en esos 10 años. Por tanto, el ahorro será de 13.333 euros de media por consistorio en este periodo, lo que significa un ajuste individual de 1.300 euros anuales. (…)

  • También llama la atención por su escasa ambición que los 2.305 ayuntamientos prevean ahorrarse 133,5 millones en esos 10 años en reducir «el número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local». Es decir, la reducción de gasto estimada es de 13,3 millones al año cuando por ejemplo la totalidad de municipios en España se gastan anualmente en asesores más de 310 millones anuales. Y a casi 46 millones llegará el ajuste que harán los grandes municipios (unos 300.000 euros de media por consistorio al año) entre su personal de confianza.

  • Las partidas más importantes en los recortes corresponden a los gastos de personal y corrientes (el 67% del total). Las entidades prevén reducir «sueldos o efectivos» por valor de 5.224 millones (522 millones anuales), de los que unos 670 corresponden a los 15 grandes ayuntamientos (44,6 millones anuales en cada uno).

  • Pero, esta cifra es insignificante si se compara con el gasto total en personal de los ayuntamientos. La masa salarial de todas las corporaciones locales fue de 21.300 millones en 2011. Por tanto, esos 522 millones anuales de ahorro representan sólo un 2,4% del total de las remuneraciones.

  •  

  •  

El segundo artículo, “Hacienda duplica el sueldo con (…)” de Daniel Forcada en El Confidencial, es otra joya. Primero se lanza a bombo y platillo que se bajan los sueldos de los directivos de estas empresas entre un 25 y un 30%, para acto seguido, aunque sin publicidad alguna y, según su autor, sin ser publicado en el BOE, se establecen retribuciones variables en función de objetivos que podrían duplicar esas retribuciones. Por tanto, ¿dónde se encuentran los ajustes en las empresas públicas? No en los estupendos sueldos de sus responsables.

La conclusión que podemos obtener tras leer estos artículos es que, claramente, tal como sospechábamos muchos, el equilibrio de las cuentas públicas vendrá en mayor medida por la vía del incremento de la presión fiscal (subidas de tipos impositivos y nuevas tasas o incrementos de las existentes), asfixiando más aún a la economía productiva, mediante una mayor presión sobre el ya reducido consumo dentro de la espiral negativa en la que nos encontramos.

Lamentablemente, nuestros políticos carecen de conocimientos (o decisión) para afrontar una verdadera reforma de nuestras administraciones públicas en todos sus niveles. Por ejemplo, si un empresario tuviera que reducir costes en su empresa para poder sobrevivir, no creo que tarde demasiado tiempo en averiguar dónde se puede realizar esos recortes afectando al mínimo en el trabajo y el objeto social de su empresa, y tardará muy poco en poner esas medidas en práctica. Esa idea tan elemental que puede entender cualquiera, no sé por qué extraños motivos nuestros políticos no la acaban de comprender.

Por otro lado, que las administraciones públicas crecieran de forma desorbitada al ritmo de crecimiento de nuestra querida “burbuja inmobiliaria” es un hecho que todos reconocemos –incluidos todos los partidos políticos–. Sin embargo, da la sensación que los políticos no acaban de comprender que esa estructura administrativa del Estado corresponde a una situación excepcional en la Historia con la creación de una burbuja, burbuja alimentada por la facilidad de crédito y la entrada masiva de dinero del exterior. Ahora toca amortizar dichos créditos en medio de una crisis económica de gran envergadura. El peor momento para hacerlo, aunque tampoco tenemos otra alternativa dada la desconfianza de los inversores que aún compran nuestros bonos.

La no acción de nuestros responsables políticos de todas las administraciones, parece sugerir que entienden que la situación económica actual es sólo coyuntural y que no durará tal vez muchos años, posiblemente más de una década, según mis propias estimaciones –y nos podemos olvidar que la situación “normal” fue la vivida por España en la primera década del siglo XXI–.

Y mientras se recortan servicios esenciales, por mucho que diga el Gobierno, las empresas públicas permanentemente deficitarias, siguen tal cual, sin que nadie haga algo al respecto.