A pesar de las prevenciones manifestadas inicialmente por la AEB, incluso los Bancos se han adherido entusiásticamente. Parece que la CECA aportará más de 3.000, procediendo las restantes de los bancos. Algunas fuentes apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, Banif, 2; Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd's, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.

Aparentemente el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, ha supuesto un autentico éxito en cuanto al objetivo previsto por el Gobierno, que no es otro, como se apunta en su exposición de motivos, que "movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito,…".

Entonces ¿qué espíritu mezquino es el que me anima a manifestar dudas sobre la bondad de esta medida?

Pues miren, son dos los aspectos que me preocupan principalmente.

El primero es que, el Real Decreto, regula pormenorizadamente quienes se podrán beneficiar de esta opción, no dejan tan claro lo que han de pagar de alquiler esas familias, y no habla en absoluto sobre cuáles deben ser las principales ubicaciones de dichas viviendas, ni el número de las mismas en cada ubicación, ni siquiera he visto la más ligera indicación sobre la necesidad de un estudio que ubique dichas necesidades.

De la “entusiasta oferta” realizada por las entidades financieras, desconocemos sus ubicaciones, sus dimensiones, si cuentan con colegios próximos, ambulatorios médicos, etc.

El tiempo ha puesto de manifiesto que una de las principales razones por las que se ha calificado, al inmobiliario, como un sector de bajo nivel de profesionalidad, es la ausencia sistematizada de estudios sobre la demanda. Donde los demás construyan yo también construyo, parece que ha sido el principal argumento para la mayoría de los promotores, a la hora de tomar decisiones. Así ha sucedido que la sobreoferta disparatada de viviendas que se ha estado produciendo durante los últimos años (superior a la de Alemania, Francia e Italia juntas), en lugar de apreciarse como un importante riesgo, se ha apreciado como garantía de éxito. ¡De locos!

Pues bien, salvo que el Gobierno muestre mi error, aportando una información hasta el momento desconocida, esta es el mismo criterio que se ha adoptado para la captación de viviendas para el Fondo Social de Viviendas. Lo importante es el número, la ubicación no importa.

Si la casualidad no hace que coincidan las residencias de las familias desahuciadas con las viviendas disponibles ¿Se obligará a los desahuciados, personas sin recursos, a desplazarse lejos de sus precarios trabajos – si es que lo tienen -, sacando a sus hijos de los colegios públicos que frecuentaban, alejándolos de sus amistades, provocando la exclusión social, pero justificando así el éxito de una medida, que parece algo chapucera?

Afortunadamente, la climatología en España, les permitiría plantar legumbres y verduras, en los parques cercanos, para comer; podrían dar clases a sus hijos en los patios de las viviendas… Lo que no tengo muy claro es como pagaran los alquileres, esas familias, si no pueden trabajar.

El segundo aspecto que me preocupa, no es baladí; se lo expreso en forma de pregunta: ¿Han conocido ustedes un solo gesto desinteresado, por parte de las entidades financieras españolas, en los últimos… años? ¿Este entusiasmo no será causa de la oferta de un producto invendible, a cambio de lograr nuevas concesiones, por parte de las Administraciones, y de algún dinerillo de los particulares?