Los Presupuestos Generales del Estado llegan  hoy al Congreso de los Diputados. Va a ser Montoro quien lleve el famoso “libro amarillo –ahora pen drive” a la Cámara Baja, y ahí será cuando conozcamos en detalle las cifras de las cuentas para lo que resta de 2012. Unos números que contemplan lo ya sabido: un recorte de 27.000 millones, una amnistía fiscal y una eliminación de las deducciones al impuesto de sociedades.

Grandes rasgos que hoy centraremos, pero a los que ahora nos dice el Gobierno va a acompañar en las próximas semanas de dos planes antifraude: el primero contra aquellos que defraudan a la Hacienda Pública. El segundo para aquellos que intentan defraudar al sistema público de empleo. Es decir, a aquellos que cobran el subsidio y siguen trabajando.  En definitiva, que la acción del Estado castigue a aquel que no cumple con las reglas de juego que todos nos hemos marcado.

Desde luego ésa es la dirección que debe seguir el Estado. A eso también habría que sumarle una campaña de sensibilización. Hacer que la gente se dé cuenta del daño que provoca el aceptar trabajar en negro –para seguir cobrando paro, o para que otros se ahorren cotizaciones-. Algo más habitual de lo que creemos entre la ciudadanía y sobre lo que la sociedad es muy laxa. Bienvenido sea este plan de lucha contra el fraude en todos los ámbitos, aunque llega tarde. Primero luche y luego anuncie una amnistía. Si no, es como bajar los brazos antes de ir a la guerra.