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Venezuela, un tren de largo recorrido

La oposición venezolana logró el fin de semana pasado la victoria electoral más importante desde que en 1998 Hugo Chávez ganara las elecciones presidenciales. Al haber alcanzado 2/3 partes del parlamento, no tendrían obstáculos a nivel del legislativo para marcar la agenda parlamentaria y reformar gran parte de la legislación vigente, así como para ejercer una labor de control sobre gran parte de las instituciones, y realizar nombramientos en entes relevantes como el Tribunal Supremo y el Electoral.

No obstante, como lo ha reconocido la dirigencia opositora, un determinante fundamental de este triunfo en las urnas ha sido la catastrófica situación económica. A finales de 2015 Venezuela será por segundo año consecutivo el país con la inflación más alta del mundo (160 por ciento este año según el FMI y por encima de 200 por cien según analistas locales), presenta una caída del PIB seis veces mayor al promedio Sudamericano, es la única economía de la región con un paro de dos cifras y un brutal desequilibrio de las finanzas públicas estimado en un déficit fiscal de más de 20 por ciento del PIB.

Todo lo anterior acompañado de un mercado petrolero débil y sin perspectivas de recuperación, en una economía donde los flujos de ingresos provenientes de esta materia priva representan el 90 por ciento de las divisas del país y el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Éstp se refleja de manera cruda en la vida diaria del ciudadano común, que no encuentra productos básicos de uso diario y se ve obligado a realizar colas de varias horas o pagar sobreprecios en el mercado negro para acceder a estos.

De ahí que el gran reto del próximo parlamento con mayoría opositora es además del institucional el económico. ¿Qué puede hacer la oposición desde este poder en materia económica? En lo que respecta a medidas de estabilización de la economía a corto plazo, lamentablemente poco. Medidas de este tipo que incluyen un ajuste fiscal, del tipo de cambio y del esquema de controles de precios entre otras cosas, están en manos del poder ejecutivo.

Pero desde la Asamblea Nacional se puede avanzar en los cambios legislativos que permitan en el medio plazo corregir muchas de las distorsiones económicas actuales, a través de la reforma (y derogación en muchos casos) de legislaciones como la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. La modificación de estos permitirá el inicio del desmontaje de los controles de precios y divisas, los cuales han sido incapaces de cumplir su objetivo de controlar la inflación, depreciación de la moneda y la fuga de capitales; pero han sido muy efectivos en generar escasez, contrabando de bienes básicos, incentivos a especular con divisas, y desincentivando la producción nacional.

Asimismo se podrán recuperar instituciones económicas claves como el Banco Central, cuya falta de independencia es causa de la actual espiral inflacionaria; fiscalizar el uso de los recursos públicos a través de la elaboración de los presupuestos del estado, los cuales han sido empleados como herramienta política sin ninguna consideración de sostenibilidad de las finanzas públicas, y cambiar la normativa de los fondos extrapresupuestarios como el FONDEN, mediante los cuales se han desviado fondos públicos a usos desconocidos.

A pesar de que en lo inmediato no sea posible definir los detalles de la política económica y el impostergable ajuste, se podrán sentar las bases para el abandono de un modelo político-económico que está a punto de llevar a Venezuela al colapso, no solo financiero sino social.

Kamal Romero

Economista. Profesor de Macroeconomía en la Universidad Cisneros.