El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Así consta en la exposición razonada de 34 páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se dirige a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno.
El instructor ha dado este paso al considerar que hay «indicios razonables, sólidos y cualificados» para investigar a Bolaños como autor de un delito de falso testimonio y coautor de un delito de malversación.
Peinado cree que Bolaños cometió falso testimonio en su declaración testifical del pasado 16 de abril, porque «no ha contestado a la verdad», señalando a sus respuestas y «evasivas». «Ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento» con obligación de «decir verdad», afirma.
El magistrado recuerda que citó a Bolaños en base al testimonio de Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se contrató a Álvarez, porque éste apuntó al ahora ministro como su superior jerárquico del momento, del que dijo que dependían los nombramientos discrecionales de este tipo.
Bolaños, en su declaración, se desmarcó de la contratación de la asesora de Gómez y, a instancias del propio Peinado, que exigió que le diera el nombre del responsable de dicho contrato, mencionó al entonces responsable de personal de Moncloa Raúl Díaz.
Díaz, por su parte, declaró ante Peinado hasta dos veces –el 14 y el 28 de mayo– para darle «la posibilidad de que recabara la información suficiente» para «facilitar el nombre de la persona que el juzgado pretende conocer» pero en ambas ocasiones «indicó que lo desconocía».
CREE QUE BOLAÑOS NO VELÓ POR LA «CORRECTA ADMINISTRACIÓN» DEL DINERO PÚBLICO
En cuanto al presunto delito de malversación, Peinado explica que «los trabajos desarrollados por Álvarez no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno, en su condición de tal, y meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico, sino para atender las necesidades que en actividades de carácter privado ha venido llevando a cabo» Gómez.
«Desde el primer día en que se efectuó el nombramiento de Álvarez, ha percibido sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado», subraya el responsable del juzgado madrileño.
Peinado expone que, «como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieran bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito».
Y Bolaños, continúa, «en su condición (entonces) de secretario general de la Presidencia» y «hasta la actualidad» ha estado «totalmente vinculado y en cargos de máxima responsabilidad con una relación estrecha con la presidencia del Gobierno y que, por tanto, tenía bajo sus responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo».
DICE QUE «POR AHORA» ES DESPROPORCIONADO REGISTRAR LA MONCLOA
Para Peinado, en esta tesitura «solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro en el edificio, perteneciente al Complejo presidencial de La Moncloa, donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento» de Álvarez».
Sin embargo, él mismo añade que, «por ahora, sería contraria al principio de proporcionalidad y, encontrándose, por tanto la instrucción en una situación en la que resulta imposible continuar la investigación judicial sin quebrantar el derecho de defensa» de Bolaños, propone que sea el Supremo, por ser el tribunal competente, quien dé los pasos que el instructor considera necesarios.
En concreto, pide que cite de nuevo a Bolaños pero ya como imputado «con la debida asistencia letrada y todos los derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico».
También ve necesario requerir «toda la documentación que obra en los archivos correspondientes relativos a la propuesta y nombramiento» de Álvarez, «con especificación de las funciones que se le asignan para ese concreto cometido».
Y, además, propone reclamar la «relación de todos los pagos que se han realizado» a Álvarez, «especificándose la partida o partidas presupuestarias de las que se ha aprobado el correspondiente gasto».
