CSP Equity Investment, filial de Abengoa, deberá abonar más de cinco millones de euros al Estado español en concepto de costes después de que el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo se haya declarado incompetente en el caso por el que la firma demandaba a España 1.180 millones de euros.

Según ha informado la sociedad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el laudo el tribunal arbitral sueco ha resuelto por unanimidad que no dispone de competencias para seguir el caso, que se remonta a una acción emprendida por el Gobierno del PP hace ocho años en materia de reducción de retribuciones a las energías renovables.

La empresa ha informado de que el tribunal ha concluido que la disputa era «previsible» por Abengoa y que, por tanto, carece de competencia para conocer el caso.

«Habiendo llegado a esa conclusión, el tribunal no necesita, de acuerdo con el principio de economía procesal, resolver las otras objeciones jurisdiccionales planteadas por el demandado (el estado español)», recoge el comunicado.

En este contexto, la subsidiaria de Abengoa soportará el 75% de los costes razonables del demandado (España), que han sido fijados por el tribunal en 6,77 millones de euros, lo que se traduce en un importe de 5,08 millones de euros.

La compañía ha señalado que está analizando el citado laudo, sus efectos y las posibles acciones que puede emprender en relación con el mismo.

La noticia se ha conocido en el mismo día en el que la junta general ordinaria de accionistas ha ratificado los nombramientos de Clemente Fernández como presidente del máximo órgano de la compañía, y de Alfonso Murat como consejero designado por coptación, mientras que ha rechazado el de Cristina Vidal como integrante del citado consejo de administración.

Los accionistas han aprobado, además, el resultado contable del ejercicio 2019 –balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria– con un 70% de votos favorables. La compañía presentaba unas pérdidas de 487 millones de euros y un pasivo que excede al corriente en 649 millones.