El plazo de alegaciones se reduce a tan sólo diez días 

En tiempo récord y por unanimidad. Los 11 miembros del Pleno del Tribunal Constitucional han admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno frente a la resolución de independencia aprobada el pasado lunes en el Parlament de Catalunya.

El recurso al que la abogada del Estado, Marta Siera, daba entrada poco después de las 11:30 de la mañana, incorporaba la petición de suspensión inmediata de la resolución así como la notificación personal de las decisiones adoptadas a los responsables políticos. Peticiones ambas que han contado con el visto bueno del Tribunal.

Así, y según reza el texto de la providencia, se dará traslado de «la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta», que contará con 10 días de plazo (la mitad de lo que esta mañana estaba previsto) para presentar las preceptivas alegaciones y personarse en el proceso.

Las notificaciones que personalmente recibirán tanto la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como los miembros de la Mesa, el Secretario General Joan Josep Nuet i Pujals, al Presidente en funciones, Artur Mas y demás miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos el Conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell y su homólogo de Empleo y Ocupació, Felip Puig.

Con respecto a la suspensión de la Resolución y de su Anexo, ésta ha tomado efecto desde el momento en el que se ha adoptado la decisión, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el Bulletí Oficial del Parlament de Catalunya y en el Diari Oficial de la Generalitat Catalana.

Caso omiso

Caso omiso es el resumen de la cómo han reaccionado los miembros del Govern. Neus Munté vicepresidenta del Parlament, que ha comparecido en rueda de prensa nada más conocerse la decisión, acusaba al Ejecutivo de «utilizar la justicia» con el objetivo de que «no podamos avanzar en unos mandatos que son legales» y no dudaba en afirmar que «la voluntad es sacar adelante el contenido de la resolución. Los motivos son claros: es el mandato de un Parlamento soberano».

Frente a la desobediencia la respuesta del Ejecutivo es clara «firmeza y proporcionalidad», sentenciaba el presidente del Gobierno Mariano Rajoy esta mañana. Así, ante el «desafío» rupturista se empleará «toda la ley» con un sól objetivo que «el proceso independentista culmine en nada».

La sentencia es, por tanto, sólo un primer paso. A partir de ahora y según han explicado esta mañana fuentes próximas a Moncloa ante «una mismo asunto, distintas actuaciones» cada una en sus ámbitos. La primera podría pasar por llevar a término lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que pasaría por la intervención de las competencias fiscales en Cataluña.