Bruselas evita que Montoro devuelva a pymes y autónomos deudas por 3.000 millones

El Tribunal de Justicia de la UE ha respaldado este jueves la legalidad del plan de pago a proveedores del Gobierno. La justicia europea estima que las Administraciones Públicas no tienen que devolver los intereses de demora a las empresas que se acogieron al denominado plan Montoro en 2012, y evita así una devolución multimillonaria a unas 230.000 empresas, que ronda los 3.000 millones de euros.

En 2012, el Gobierno ofreció a pymes y autónomos cobrar anticipadamente deudas pendientes de las Administraciones, a cambio de renunciar a los intereses de demora de hasta el 8% que les correspondía percibir.

Ahora, la Corte de Luxemburgo cree que el plan español no contradice la legislación comunitaria, dado que la ley europea «no se opone a una norma nacional que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida».

La sentencia deja en manos de los tribunales españoles la comprobación de que las empresas han renunciado voluntariamente a recibir intereses y compensaciones por los retrasos. Es decir, son los jueces españoles los que tienen que decidir si la renuncia obligatoria a los intereses de demora es una cláusula abusiva.

La consulta a los tribunales europeos llegó por parte de un juzgado de Murcia, que preguntó si el acuerdo era contrario a su directiva sobre morosidad después de que la compañía IOS Finance presentara un recurso. La empresa adquirió créditos pendientes de pago a algunos proveedores del servicio de salud de Murcia.

La sentencia contradice, de todas formas, el presunto espíritu propymes y antimorosos que el ministro  de Hacienda inauguró el pasado 12 enero, en su intervención en el Congreso de los Diputados, cuando explicó las líneas fundamentales de su ministerio en la nueva legislatura. Montoro aseguró que trabajaba ya en un programa para castigar fiscamente a las empresas que no cumplían con los plazos establecidos en la Ley de Morosidad. Aseguró, además, que uno de sus objetivos era lograr que el sector privado cumpliera con la normativa, «una vez que las Administraciones Públicas comienzan a solventar sus problemas de pagos», explicó, gracias al Fondo de Liquidez Autonómico, que «reduce la deuda que mantienen con proveedores».