La dirección de Caixabank y los sindicatos alcanzaron esta madrugada un preacuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) tras aceptar el banco reducir en un 6% el número de potenciales salidas –desde 2.157 a 2.023- y mejorar las condiciones de desvinculación.
Desde la plataforma Unión Sindical, conformada por todos los sindicatos salvo CCOO, manifestaron su satisfacción tras cuatro meses de trabajo y una jornada maratoniana. “Ha sido un rotundo éxito de eficacia negocial”, indican en la plataforma, tras conseguir también que “no haya números clausus” en el ERE, es decir, que será “totalmente voluntario”, de forma que las salidas se ajustarán a las adhesiones sin bajas forzosas.
El banco planteó las 2.157 extinciones –que ahora serán 2.023 o el 6,85% de su plantilla en España- por la clausura de 793 sucursales, el 18% de la red, contemplada en su hoja de ruta para el trienio 2019-2021 y donde apuesta por las megaoficinas para acelerar la captación de negocio y mejorar la eficiencia.
En el tramo final de las negociaciones Caixabank ha renunciado a la jornada extendida de trabajo de los martes, se limitará el horario comercial en los jueves (que ya abre por la tarde) a las 18.30 horas y se fija en el resto en 14.30 horas.
En acuerdo rubricado al filo de las 3.40 horas de la madrugada y para cuya firma se han citado a las 10.00 horas, baja también a 75 kilómetros la distancia máxima que el banco podrá imponer en los traslados de trabajadores para reforzar plazas donde, por efecto del ERE, queden cortas de personal. La última propuesta había quedado en 100 kilómetros tras modificar su intención inicial de fijar como criterio traslados entre provincias.
Donde se han movido igualmente de forma sustancial las posiciones es en las condiciones de salida, asumiendo las exigencias de los sindicatos, que tacharon de escasa la indemnización fijada y exigían asimilarla a la del ERE de 2015, cuando se acogieron 867 personas a una oferta de salidas de 700 empleados. El preacuerdo final va precisamente en dicha línea.
Caixabank ha aceptado abonar el 57% del salario fijo bruto anual a los trabajadores nacidos en el año 1967 –este año cumplirán 52 años- o en ejercicios anteriores, y compensará con 45 días por año trabajado al resto, con un mínimo de 36 mensualidades y un máximo de 42, como ocurrió con el ERE de 2015.
Su última oferta había sido cubrir entre el 50 y 53% del salario fijo, en función de la edad de los trabajadores potencialmente jubilables, y para los más jóvenes fijaba una compensación de 40 días, con un máximo de dos anualidades y un mínimo de 18 mensualidades.
De forma adicional, compensará con una prima de entre 13.000 y 23.000 euros a los empleados más jóvenes pero con antigüedad en plantilla y nacidos antes del 1970. Para los de mayor edad la prima de desvinculación será de entre 18.000 y 38.000 euros, según el tramo de edad.
En aquellos de mayor edad –nacidos en 1965 o antes- abona el 57% del salario bruto, asume la contribución a la Seguridad Social hasta cumplir los 63 años y mantiene otros beneficios como la póliza con Adeslas. Para los nacidos en 1966 y 1967 –cumplirán este año 52 y 53 años-, el 57% fijo bruto anual será el correspondiente a ocho anualidades en prejubilaciones, mantendrá el seguro con Adeslas pero no la aportación al plan de pensiones.
CCOO se desmarca
El sindicato CCOO se ha desmarcado del acuerdo firmado por Caixabank con el resto de sindicatos, al considerar que aceptar el traslado de trabajadores “es dar carta blanca a una purga” en el banco.
“Cada extinción puede provocar una movilidad (y otras indirectas) y estamos hablando de 2.000 extinciones”, argumenta al sindicato, que aglutina el 40,58% de la representación laboral.
El acuerdo lo ha rubricado esta mañana el banco con la plataforma Unión Sindical, que aglutina al resto de sindicatos, tras reducir de 2.157 a 2.023 el número de extinciones voluntarias y renunciar a la posibilidad de forzar despidos si no se alcanza dicha cuota.
El banco ha elevado además la compensación desde el 50-53% al 57% del salario bruto para empleados con 52 años cumplidos o de mayor edad, junto a una prima de desvinculación, y tras subir de 40 a 45 días por año trabajado para los de menor edad. También ha fijado en 75 kilómetros la distancia para decidir los trasladados si necesita reforzar oficinas que queden cortas de personal por efecto del ERE.
Para CCOO, al aceptar la movilidad geográfica supone asumir que no aceptarla podría abrir la puerta a una extinción forzosa del contrato. Por otra parte, critica que vincule los criterios para decidirlas una herramienta “que maneja la empresa en base a criterios desconocidos, variables y opacos”.
