CEOE y Cepyme piden una rebaja de las cotizaciones para garantizar el futuro de las pensiones

Además solicitan más independencia para las Mutuas y que éstas puedan emitir el alta médica en el caso de enfermedades comunes 

Estamos en periodo pre-electoral y quien más y quien menos pone negro sobre blanco en lo que toca a sus intereses. Es el caso de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresasariales) y Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), que ayer enviaban a todos los partidos políticos un documento elaborado de forma conjunta con 15 reformas para consolidar la recuperación económica.

Bajo el paraguas de garantizar el futuro de las pensiones y mejorar la competitividad de las empresas españolas, ambas patronales consideran «imprescindible» rebajar los costes de cotización de las empresas a la Seguridad Social -que aportan más del 80 por ciento de las cuotas-, equiparándolos al del resto de países de la Unión Europea. Con un 8,7 por ciento de contribución al PIB, España ocupa la séptima posición ‘por la cola’ entre los países de la Unión Europea con las cotizaciones más elevadas, frente a países como Alemania, Reino Unido o Irlanda con porcentajes del 6,7 por ciento, 3,8 por ciento y 3,1 por ciento respectivamente.

A pesar de ello el sistema es más que deficitario y se necesitará una financiación adicional equivalente al 0,6 por ciento del PIB para cubrir la diferencia de entre los 109.833,30 millones de euros de ingresos previstos por cotizaciones sociales y los 131.658,53 millones de euros del gasto presupuestado en pensiones. En este sentido el informe de CEOE y Cepyme, destaca que se han dispuesto 37.701 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (‘la hucha de las pensiones’), más otros 5.350 millones de los excedentes de las Mutuas. Cabe destacar, además, que entre 2005 y 2015 el gasto en pensiones se ha incrementado más de un 60 por ciento, lo que en términos absolutos significa casi 52.500 millones más -pasando de 79.221,28 a 131.658,53 millones de euros-.

Pensiones2_CEOE
Fuente CEOE – Cepyme
Pensiones_CEOE
Fuente CEOE – Cepyme

Con respecto a las Mutuas, se «exige una una mayor eficacia y eficiencia» en la gestión. Para ello es necesario reforzar la independencia de estas entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Así se necesita asegurar su carácter privado, limitar las decisiones a los órganos de Gobierno y que las asociaciones empresariales más representativas participen de forma «efectiva» en las mismas.

Además proponen que parte de los resultados de la gestión de la Mutua retorne a las empresas y que sean éstas quiénes tengan potestad para emitir el alta médica en los casos de enfermedades comunes.

Impuestos, financiación e incentivos

Entre otras de las reformas propuestas por las patronales presididas por Juan Rosell y Antonio Garamendi, está la de financiar las llamadas ‘pensiones de muerte y supervivencia’ (viudedad, orfandad, favor de familiares) vía impuestos. Algo que ya está recogido en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y que según avanzó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, el pasado mes de agosto será una realidad el próximo año con la renovación del Pacto de Toledo. El objetivo, según el documento es «culminar con la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social», con lo que el sistema se ahorraría del orden de 358 millones de euros en 2016.

Además las pensiones futuras tendrán que completarse con sistemas privados complementarios para lo que instan al futuro Gobierno a mejorar el sistema de incentivos fiscales para las empresas que destinen parte de la remuneración de sus empleados a fondos o seguros de previsión.

Por otra parte se incide en la necesidad de perfeccionar el sistema de incentivos a aquellas empresas que hayan contribuido a reducir los índices de siniestralidad laboral a partir de menores cuotas en las cotización por contingencias profesionales.

La reforma de las pensiones de 2011 también requiere una revisión. Para los empresarios se debe agilizar el proceso de incorporación el cómputo de toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión y que ésta se determine «única y exclusivamente» por las contribuciones realizadas.