Es cuestión de tiempo. Una vez que la Audiencia Nacional dio el pasado 8 de noviembre luz verde para la extradición de Alexandr Pavlov, uno de los más fieles y estrechos colaboradores de Mukhtar Ablyazov –el magnate kazajo involucrado en actividades ilícitas—, la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros. Según dejaron claro los investigadores británicos, Ablyazov utilizaba su puesto como presidente del Banco BTA para desviar fondos de los depositantes a sus propias cuentas particulares. Así, fue condenado en el Reino Unido a 22 meses de prisión por desacato al Tribunal que le estaba juzgando, ya que no aparecía a las vistas, para evitar así ser mandado a prisión por los delitos de los que se le acusaban. Como se ve, Ablyazov no se dedicaba a robar a los ricos para dárselo a los pobres sino a robar a los pequeños ahorradores para quedárselo él.

Su chófer personal y jefe de seguridad, Alexandr Pavlov, ha sido acusado de planificar atentados terroristas en Almaty. La acusación no es menor, es para tomársela muy en serio. Sin embargo, el caso de Pavlov se ha presentado en España como un caso de “persecución de un disidente político”. Nada más lejos de la realidad. No estamos ante un caso de injusticia por falta de libertades políticas sino ante un caso de graves desórdenes públicos.

En un país que ha sufrido la lacra del terrorismo durante tantos años y que ha dejado heridas tan profundas, deberíamos ser más sensibles a la hora de afrontar este tipo de casos. Cuando en los medios de comunicación extranjeros nos topábamos con la expresión “el grupo separatista ETA”, un escalofrío de indignación nos recorría la espalda y nos hacía levantarnos del asiento. No son separatistas, ni siquiera son independentistas; son simple y llanamente asesinos. Algo similar sucede en este caso; Pavlov, conocedor de todos los tejemanejes de su jefe Ablyazov, no puede ser considerado como un “disidente” sino como un vulgar criminal.

Los defensores de uno y otro, así como de otra de sus colaboradores más cercanos, Tatyana Paraskevich, volcaron sus esfuerzos no en conseguir las mejores condiciones de prisión para sus clientes a través de un trato con la Fiscalía, sino que se dedicaron a lanzar una campaña de propaganda –en el peor de los sentidos— para vender a través de los medios la idea de que Ablyazov era un perseguido político y que si volvía a su país iba a sufrir la tortura y un encarcelamiento en unas condiciones penosas. Así, desplazaron el foco de atención de sus actividades criminales al hipotético trato que iban a recibir en su país de origen –acusaciones estas últimas, de tortura, poco creíbles en un país tan avanzado económica y socialmente como Kazajstán—.

Lo que se pone en duda, por tanto, no es si Pavlov o su antiguo jefe –Ablyazov— son culpables de algún delito –evasión de capitales, blanqueo de capitales o asociación para cometer actos terroristas—. El hecho de que la Justicia de una buena cantidad de países se ponga en marcha para localizarles y sentarles en el banquillo parece indicar que en efecto son sospechosos; y el hecho de que en algunos países ya hayan sido condenados, es evidencia de que se confirma tales sospechas. En efecto, que se pongan de acuerdo en algo países tan dispares como Italia, Reino Unido, España, la República Checa, Grecia, Ucrania, Rusia y Kazajistán debe ser para tomarlo en consideración.

No nos dejemos engañar. Estos perseguidos por la Justicia no son unos “inocentes angelitos” que están en peligro por tener ideas políticas distintas al Presidente de Kazajstán, donde por cierto la OSCE ha reconocido que en los últimos diez años ha habido considerables mejoras en su calidad democrática, por no hablar del espectacular éxito económico y de convivencia pacífica entre las más de 140 etnias y más de 30 confesiones religiosas. Volvamos, pues, a poner el foco de atención en lo realmente importante: la criminalidad –demostrada judicialmente— de estas personas y la necesidad de que vuelvan a Kazajstán a cumplir su deuda con la sociedad.

En un momento en que la sociedad española demanda a voces que ciertos presos no deberían disfrutar de un día más de una libertad que no se merecen, que no deberían salir antes de tiempo de las cárceles, los ciudadanos españoles deberíamos ser solidarios con aquellos otros ciudadanos kazajos que sufrieron las acciones delictivas de estas personas.

Antonio Alonso, es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad CEU San Pablo