Habría que ser necio para no celebrar que Hacienda haya echado el freno, cual Rosberg en las últimas curvas de la carrera de Fórmula 1 de ayer domingo, a la anomalía legal que permitía retrasar sine die las certificaciones de las contratas del sector público. Así que, de entrada, mis aplausos.

Pero llevamos mucho vivido, y sobre todo en muy poco tiempo, como para considerar que no haya intereses ocultos detrás de esta rectificación. Que no deja de ser un “me la envaino” por parte de la Administración a la espera de que lleguen mejores tiempos con los que traficar financiaciones ilegales y otras suertes de artes de la política moderna. No me pagan para ser adivino, pero no hay que ser un lince para saber que quienes gobiernan no tienen como primer punto de vista el bien del respetable común, sino el suyo propio. Ergo es de cajón que no es oro todo lo que reluce.

Ya les he dicho alguna vez que, de un tiempo a esta parte, y en vista de que para Hacienda todos somos culpables salvo que se demuestre lo contrario, también para mí lo son sus gestores. Presunción de culpabilidad preventiva ciudadana, lo pueden llamar si quieren. O sentido común, que es lo mismo pero les duele más. Detrás de este recule de Hacienda no hay una mayor apuesta por la transparencia, que no es precisamente el signo de distinción del Ejecutivo de Rajoy. Tiene que haber otra cosa. ¿El qué? El tiempo lo dirá. Pero por si acaso, y además es más divertido, sospechen lo peor.