Quien hizo la ley hizo la trampa y más si se trata de contar los días que tarda la Administración pagar sus deudas para con los resignados autónomos y pymes que, un día se sintieron afortunados por servir a su pueblo, patria o bandera. Varios años de denuncia, una transposición de normativa y una Ley de Morosidad (sin régimen sancionador) después, los que deben no predican con el ejemplo y las Comunidades Autónomas continúan demorándose en los pagos más de 80 días -y eso de media-.

Digo bien cuando me refiero a esos dos meses y medio, largos, que deben soportar los estoicos proveedores de la Administración, puesto que aunque las oficiales tablas de Excel destacan un «aquí pagamos a 50 días», ésto se refiere al exceso. Un exceso que se deriva de una trampa, o dicho de modo más suave, «un error de cálculo». Pero además, un exceso que engorda las arcas públicas por aquello de «financiarse a costa de los proveedores» y que tan bien ha aprendido ese aplicado alumno de un sector privado que llega paga a 183 días de media.

El riesgo que, para los cada vez más flacos proveedores, supone el sobrepeso público podría compensarse con un régimen, sancionador en este caso, pero suponemos que ni a Cristobal, ni a sus colegas, les debe interesar perder ese chollo que supone contar con un crédito a medio plazo por el que ni siquiera se pagan intereses. De acuerdo, seamos justos, la Administración tiene que abonar la ingente cantidad del 08 por ciento de intereses a aquellos con los que se demora. Un montante del que Hacienda que somos todos y todo lo sabe, o al menos debería, desconoce.

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