Directivos de Food Delivery Brands, entre ellos su consejero delegado, Jacobo Caller, volverán a declarar el próximo 7 de marzo en los juzgados ante las denuncias realizadas por la Asociación de Franquiciados de Telepizza, que representa a más de 250 locales de Telepizza, por incumplimientos contractuales.

Entre algunas de sus reivindicaciones se encuentra, según la asociación, detener una subida de precios de productos «muy por encima» del IPC de alimentación incumpliendo, según señala la asociación, la Adenda firmada en 2019 que refleja una subida del 1% del ‘royalty’ a cambio de poder indexar los precios a la subida del IPC.

«Ya se les han remitido cartas de oposición a la subida de masa propuesta por Food Delivery Brands que iría en contra del propio acuerdo. Es la nueva directiva, nombrada por el fondo KKR los que quieren olvidarse de las cláusulas firmadas», han explicado desde la Asociación de Franquiciados de Telepizza.

La petición de medidas cautelares presentada por la Asociación de Franquiciados de Telepizza ante el Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas (Madrid) pone de manifiesto que el proceso comienza con la fusión con Yum Brands, propietario de Pizza Hut, empresa competidora de Telepizza, que en mayo del 2021 adquirió la nuda propiedad de la marca Telepizza, para poder introducir a Pizza Hut en España.

Entre otras actuaciones, según explica la defensa de la asociación, han procedido a aumentar unilateralmente el precio de la masa de la pizza en un 13% para los franquiciados, incumpliendo la Adenda a los contratos de franquicia suscritos en 2019, «en virtud de los cuales, a cambio de subirles el ‘royalty’ en un 1% de las ventas a los franquiciados, se comprometían a actualizar únicamente los precios anualmente conforme al IPC interanual de alimentación y bebidas no alcohólicas menos un punto».

En este caso, además, según la asociación, el agravante es que Telepizza es el propietario de la fábrica, y por extensión la beneficiaria del aumento del coste de la masa, que constituye un producto principal e inevitable para los franquiciados y que solo pueden adquirir del franquiciador.

«Esta imposición unilateral hará imposible la viabilidad de los negocios franquiciados en un corto periodo de tiempo», denuncian desde la Asociación de Franquiciados de Telepizza.

En todo el proceso, además, los franquiciados han tenido que solicitar al juzgado varias medidas cautelares para preservar las condiciones de los contratos suscritos.

Los franquiciados de Telepizza denuncian que la compañía está incumpliendo un documento firmado en 2018 para garantizar que no se verían perjudicados por la alianza suscrita con el grupo Yum para operar y expandir la marca Pizza Hut en España, Portugal y América Latina, y también cuestionan la legalidad de una campaña de promoción titulada ‘precios locos’.

Jacobo Caller y Ana Diogo ya han tenido que declarar en enero y febrero de este año, en calidad de representante legal de la empresa y de directora para España y Portugal, respectivamente, en distintos procedimientos.