La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el caso en el que se está investigando el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que debe seguir instruyéndolo el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal.
Así, el fiscal del Supremo Ignacio Campos contradice a lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que la causa la asumiera la Audiencia Nacional ante las sospechas de que el exministro de Economía ha blanqueado dinero en el exterior.
Sin embargo, la del Supremo argumenta que «parecen existir algo más que sólidos indicios» de que los delitos atribuidos al expresidente de Bankia «se comenzaron a cometer en suelo español», lo cual excluye, en su opinión, que el «caso Rato» deba instruirlo el juez Fernando Andreu.
Ahora, una vez recibido este informe, el magistrado Manuel Marchena, elaborará su propuesta, que será examinada junto con otros dos compañeros de la Sala de lo Penal del Supremo.
De seguir el criterio del fiscal del Supremo, el Alto Tribunal otorgará al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid las riendas del caso en el que el exdirector gerente del FMI está imputado por varios delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.
Según la investigación, Rato podría haber incurrido en diversos fraudes fiscales ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito.
Las pesquisas apuntan a que podría haber defraudado 1,42 millones de IRPF en 2012 y 2013, además de otros 939.741 euros en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 con unas sociedades vinculadas a él y que movieron 12 millones en divisas.
Además, Rato ocultó supuestamente a Hacienda otros 1,6 millones, que ganó impartiendo conferencias desde su salida del FMI en países como Guinea Ecuatorial y Qatar, y por lo que habría defraudado 742.000 euros, según un informe de Hacienda avanzado hoy por el diario «El Mundo».
Según esta información, desde 2007 Rodrigo Rato ha colaborado con la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), especializada en la organización de conferencias internacionales, de la que ha recibido un total de 1.660.611,73 euros.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) explica en ese informe que, pese a que debía haberlo declarado en su IRPF, Rato recibió sus emolumentos a través de Arada, cuya «única actividad real es probablemente la generación hidroeléctrica a través de un pequeño molino en la localidad de Carabaña», en Madrid.
En dos ejercicios superó los 120.000 euros en los que está el límite para que el fraude pase a ser delito: en 2008 ocultó 206.000 euros en IRPF, aunque este delito estaría prescrito, y en 2009 164.000.
Presuntamente, parte del dinero obtenido del fraude, unos 250.000 euros, le habrían valido para financiar la actividad de Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín, en el que el exdirector gerente del FMI posee un 50 %.
La causa suma ya alrededor de una docena de imputados, ya que ayer Serrano-Arnal decidió imputar al que fuera «número dos» de Rato en Bankia, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella.
Junto a ellos, se encuentran también la secretaria personal del exbanquero, Teresa Arellanos; sus presuntos testaferros Miguel Ángel Montero y Alberto Portuondo -el único que hasta ahora ha ingresado en prisión- y su empleada Beatriz Colomer y el abogado Domingo Plazas.
También el exdirector de Comunicación externa de Bankia Miguel Robledo, y cuatro cargos de las empresas de publicidad que pagaron comisiones a Portuondo a cambio de favorecer su contratación para la campaña de la salida a bolsa de la entidad, como la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal.
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