La Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de nueve años de cárcel para el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, por dos delitos de prevaricación, dos de fraude a la administración y cohecho en el marco del caso Puertos en relación a adjudicaciones de explotaciones en Mahón e Ibiza.

El Ministerio Público pide igualmente cuatro años de prisión por cooperación necesaria en la prevaricación para el que fuera director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación, Armando Parada; el exjefe del área de gestión, Fernando Berenguer, y la abogada del Estado Dolores Ripoll.

Para el exalcalde de Ibiza Rafa Ruiz, Anticorrupción pide tres años de prisión por prevaricación y fraude.

En su escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Juan Carrau considera que de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2015 hasta el 2020, los acusados que ejercían cargos en la APB se concertaron, entre sí y con unos particulares, para la adjudicación de sendos títulos de explotación del dominio público portuario en Ibiza y en Mahón.

Lo hicieron, señala, «en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas» y generando, además, perjuicio para los intereses económicos de la APB.

En el caso de la adjudicación a favor del Club Náutico de Ibiza, el escrito refiere que participó también de ese concierto Rafael Ruiz en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de la ciudad de Ibiza en el momento de los hechos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dictó en junio auto por el que abría la puerta a juzgar a Gual de Torrella y al resto de acusados por el presunto amaño de dos adjudicaciones públicas. El auto implicaba en la práctica cerrar la instrucción del conocido como caso Puertos, tras cuatro años de investigaciones.