El nivel de deuda pública en todo el mundo «es muy elevado» y se prevé que supere los 100 billones de dólares (91,5 billones de euros) este año, lo que equivale al 93% del PIB global, según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anticipa que la cifra seguirá aumentando durante el resto de la década y rondará el 100% del PIB mundial para 2030.

De este modo, el ratio de deuda sobre PIB a nivel mundial se situaría diez puntos porcentuales por encima de la cota observada en 2019, antes de la pandemia, según recoge el primer capítulo del informe ‘Monitor Fiscal’, publicado por la institución antes de sus reuniones anuales de otoño junto al Banco Mundial, que se celebrarán la semana que viene en Washington.

Además, los autores del estudio advierten de que es probable que el nivel de deuda pública mundial «sea peor de lo que parece», ya que, si bien se espera que la deuda pública se estabilice o disminuya en dos tercios de los países, los niveles de deuda futuros podrían superar las proyecciones, por lo que será necesario realizar ajustes fiscales mucho mayores de los previstos para que la probabilidad de estabilizar o reducir la deuda sea alta.

En este sentido, aparte de la experiencia histórica que demuestra que las proyecciones tienden a infravalorar sistemáticamente los niveles de deuda, el FMI señala que el discurso político en cuestiones fiscales se ha inclinado cada vez más hacia un aumento del gasto público y la incertidumbre en materia de política fiscal ha aumentado, mientras aumentan las presiones sobre el gasto para abordar la transición verde, el envejecimiento, la seguridad y otros retos a largo plazo.

En su análisis, el FMI estima que la «deuda en riesgo» mundial, el nivel futuro de deuda en un escenario adverso extremo, llegaría al 115% del PIB en 2026, lo que supone casi 20 puntos porcentuales del PIB más a tres años vista respecto de lo contemplado en las proyecciones del escenario base.

Esto se debe a que los elevados niveles de endeudamiento actuales «amplifican los efectos de un crecimiento más débil» o de condiciones financieras más restrictivas y diferenciales más altos sobre los niveles de deuda futuros.

No obstante, subraya que la deuda en riesgo varía significativamente de un país a otro y, mientras que para las economías avanzadas la deuda en riesgo a tres años se ha reducido ligeramente con respecto a los máximos observados durante la pandemia y se estima en el 134% del PIB, para las economías emergentes y en desarrollo se ha incrementado hasta el 88% del PIB.

«Es importante señalar que los países son cada vez más vulnerables a factores mundiales que afectan a sus costes de endeudamiento, incluidos los efectos transfronterizos de un aumento de la incertidumbre en torno a las políticas en países de importancia sistémica, como Estados Unidos», apuntan los autores, añadiendo que la «deuda no identificada» es otro motivo por el que la deuda pública puede ser considerablemente más alta de lo previsto, ya que, históricamente, la deuda no identificada ha oscilado entre el 1% y el 1,5% del PIB en promedio y aumenta de manera pronunciada durante períodos de tensión financiera.

MAYOR CONSOLIDACIÓN FISCAL.

De este modo, si la deuda pública es más elevada de lo que parece, los autores del informe concluyen que probablemente el esfuerzo fiscal actual sea menor de lo necesario y advierten de que la consolidación fiscal es crucial para contener los riesgos de la deuda.

A este respecto, sostienen que el momento actual es adecuado para sanear las cuentas públicas, ya que la inflación se está moderando y se espera que los bancos centrales relajen su política monetaria, mientras que las economías están en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal.

Asimismo, avisan de que «cualquier retraso será costoso» y también arriesgado, ya que posponer las medidas de consolidación en países donde se prevé que la deuda siga al alza, como Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, «hará que el ajuste necesario sea aún mayor».

Por otra parte, la experiencia demuestra que una deuda elevada y la ausencia de planes fiscales creíbles pueden desencadenar reacciones adversas de los mercados, lo que limitaría el margen de maniobra en caso de turbulencia.

Según el análisis realizado, que tiene en cuenta riesgos nacionales específicos para las perspectivas de la deuda, los ajustes fiscales en curso, que alcanzarían en promedio el 1% del PIB hasta 2029, «no bastarían» para que la probabilidad de reducir de manera significativa o de estabilizar la deuda sea alta.

«Para que una economía media tenga una alta probabilidad de estabilización de la deuda haría falta un endurecimiento acumulado de aproximadamente el 3,8% del PIB durante ese mismo período», calculan, añadiendo que, en los países en los que no se espera una estabilización de la deuda, como China y Estados Unidos, el esfuerzo necesario es sustancialmente mayor, aunque reconoce que «estas dos economías tienen a su disposición muchas más opciones de política monetaria que otros países».

DISEÑO DE LAS MEDIDAS.

En cualquier caso, el texto subraya que ajustes fiscales tan grandes, si no están bien calibrados, traerán consigo pérdidas considerables de actividad como consecuencia de la caída de la demanda agregada, y pueden perjudicar a los grupos vulnerables, dando lugar a un aumento de la desigualdad, por lo que, para mitigar los costes de la consolidación y lograr el apoyo ciudadano al necesario ajuste fiscal, es preciso diseñarlo con mucho cuidado.

De tal modo, la elección de las medidas fiscales es importante porque sus efectos no son iguales para todas y además implican disyuntivas, ya que los recortes de la inversión pública causan mayores pérdidas de producto y deterioran las perspectivas de crecimiento a largo plazo, mientras que reducir las transferencias sociales perjudica a los hogares vulnerables y eleva la desigualdad.

«Se necesita una combinación acertada de medidas centradas en las personas y en el crecimiento, que variará de un país a otro», recomiendan los autores del informe.

En este sentido, en el caso de las economías avanzadas abogan por impulsar reformas de los programas de prestaciones sociales, reorganizar las prioridades de gasto e incrementar la recaudación allí donde la carga impositiva sea baja, mientras que en las economías emergentes y en desarrollo hay mayor potencial de movilización de ingresos tributarios, ampliando las bases impositivas y mejorando la capacidad de administración de los ingresos públicos, al tiempo que refuerzan las redes de protección social.

Asimismo, sostienen la necesidad de que los ajustes vayan acompañados por «una gobernanza fiscal más estricta», incluidos marcos a medio plazo creíbles, consejos fiscales independientes y una gestión de riesgos sólida.