El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y asevera que «la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable».

Fuentes del BBVA apuntan que la entidad siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la misma. Las citadas fuentes inciden en que la prioridad del banco siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

En su resolución, el juez procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al exCEO del banco Ángel Cano o al exdirector de Riesgos Antonio Béjar por presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

En su auto, el magistrado hace suya la «prolija exposición» realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el «impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas».

LA CONTRATACIÓN CON VILLAREJO

El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

«El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», apunta.

El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, «entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso».

«Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT –la empresa de Villarejo–, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal ‘anómalo e ilegal’ recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», añade Anticorrupción.

EL PAPEL DE FRANCISCO GONZÁLEZ

La Fiscalía añade que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».

Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos «no puede calificarse de idóneo» porque «claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección».

«Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados, pero sobre la existencia de un ámbito superior que impone el cumplimiento de las órdenes o decisiones cuando estás provengan de la Presidencia Ejecutiva o de la Alta Dirección, sin prever o diseñar mecanismo alguno ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por los mismos», detalla el escrito.

El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.

El escrito también recoge el ‘Proyecto Summer-Fish’ –la investigación sobre el «patrimonio oculto» del empresario Fernando Martín–, el ‘Proyecto Summer-Gate’ –sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo–, el ‘Proyecto King-Prasa’, el encargo ‘Templar’ o el encargo ‘Duke’.