La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) designará esta semana a los tres miembros que decidirán sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
La Sala de admisión estará integrada por tres magistrados, de los cuales uno es el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y otros dos se elegirán por sorteo de entre los cinco posibles: María Eugenia Alegret, José Francisco Valls, Enric Anglada, Josep Manel Abril y Carlos Ramos.
Los componentes de la Sala de lo Civil y Penal del (TSJC) tienen convocada reunión ordinaria entre el lunes y el jueves de esta semana, y en ese período tomarán la decisión.
Sobre Mas pesan acusaciones de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo que se celebró el 9 de noviembre. La vicepresidenta Joana Ortega y la Consellera de Educación, Irene Rigau, también han sido imputadas con los mismos cargos.
Si la querella se admite a trámite, se designará un ponente que se convertirá en el instructor de la causa y, por tanto, será el encargado de ordenar las diligencias para culminar la investigación.
En caso de que se presenten recursos se creará una sala específica con el resto de magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC que no formaron parte de la sala de admisiones para decidir sobre ellos. El resto de las querellas presentadas han sido repartidas entre distintos jueces.
Si el TSJC no admitiese la querella la querella no están claros los pasos posteriores. Las fuentes jurídicas consultadas no se ponen de acuerdo sobre si la inadmisión a trámite podría recurrirse ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal encargado de unificar doctrina.
Señalan que no hay legislación sobre este asunto y sostienen que lo que está claro es que se podría recurrir al Supremo en caso de archivo de la causa.
Mas es considerado el máximo responsable político de la consulta. A Ortega se la achaca específicamente la elaboración de las urnas y las papeletas que se realizaron mediante un acuerdo entre la vicepresidenta y el CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción) que se realizaron por presos catalanes.
Las elaboraron en jornadas voluntarias que comprendían un horario de hasta 12 horas diarias y consiguieron fabricar las seis mil papeletas necesarias para el 9-N, así como las urnas imprescindibles para las mesas electorales.
A la consejera de Educación, Irene Rigau, se le acusa de reunirse con directores de colegios públicos para ofrecerles que participaran en el proceso y solicitarles que abrieran los centros para la instalación de las urnas.
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