El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha confirmado el laudo por el que condenó a España a indemnizar con 32,9 millones de euros a Renergy por el recorte de las primas a las energías renovables.
Según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, el Ciadi ha tumbado la petición de anulación que había realizado el Gobierno español en este caso, tras concluir que el panel de jueces acordados por las partes no se extralimitó en ningún momento, ya que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando aprobó las primas renovables y seguía dentro del acuerdo en el momento en que las retiró.
De esta manera, reconoce que las empresas afectadas tenían plena cobertura para acudir al tribunal, en virtud de dichos compromisos de derecho internacional asumidos por España.
Así, el Estado español ha vuelto a sufrir un nuevo revés en su batalla por las reclamaciones de indemnización de inversores afectados por el recorte de las primas de las renovables que acometió el Gobierno del PP en 2013.
Renergy, sociedad con sede en Luxemburgo, inició en 2014 su reclamación y pidió una compensación de 152 millones de euros al Estado español, aunque en mayo de 2022 el Ciadi le reconoció el derecho a ser indemnizada por 32,9 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno español se negó a aceptar este dictamen y puso en marcha un pedido de anulación, reivindicando la nulidad del laudo y defendiendo que el Ciadi no podía juzgar un asunto así, que ha extendido el proceso hasta este mes agosto.
MÁS DE 1.800 MILLONES.
España suma unos 50 procedimientos en contra de reclamación por el recorte de las renovables, de los que 26 cuentan ya con un laudo final a favor de los inversores, por un monto acumulado de 1.562 millones de euros, al que se deben sumar 318 millones euros en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado.
Ante los impagos del Gobierno español, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la Justicia que intervenga y tome medidas a su favor.
Así, en Reino Unido, los tribunales han respaldado a los afectados y han autorizado ya numerosos embargos de bienes españoles. En Londres, la Justicia autorizó cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico del Gobierno catalán ACCIÓ y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
Además, los tribunales de Gran Bretaña han embargado también el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. También se han incautado cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros.
En Australia, también la Corte Suprema ha respaldado a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.
Por su parte, Bélgica ya ha autorizado la intervención preliminar de los pagos de Eurocontrol a Ensire por el servicio de gestión del tráfico aéreo, interviniendo hasta la fecha una transacción de 80 millones de euros.
Por otro lado, la Justicia de Estados Unidos acaba de publicar un fallo en el que reafirma su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo en caso de que sigan produciéndose, de modo que la principal defensa de España se ha venido abajo y la autorización de medidas de incautación parece cada vez más segura y cercana en el tiempo. Los tribunales de Alemania y Suiza también han fallado contra España durante el último año.
ATENDER A LA PETICIÓN DE ACUERDO.
Fuentes de las empresas afectadas indicaron a Europa Press que solicitan a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que «ponga fin a los impagos y atienda a la petición de acuerdo que tiene encima de la mesa y que permitiría poner fin a la litigiosidad y los embargos y reactivar la inversión verde en España».
«La ministra para la Transición Ecológica no puede seguir prolongando esta situación de inseguridad jurídica y tiene en sus manos la posibilidad de resolver el problema», añadieron.
