Los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo por el cual Euskadi asumirá a partir del 1 de octubre la competencia sobre la gestión de los centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma, una materia recogida en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, pero que aún sigue ejerciendo el Ejecutivo español. El traspaso, cuya cuantificación económica se cifra en 70 millones de euros, se oficializará el próximo 10 de mayo.
La competencia de prisiones, contemplada en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, será transferida junto a otras tres materias estatuarias pendientes de traspaso a la comunidad autónoma: el transporte por carretera, el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN.
El acuerdo, que ha sido anunciado este viernes en una rueda de prensa por el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, y por la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, se aprobará el 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias.
La competencia de prisiones transferida a Euskadi –que se convierte en la segunda comunidad autónoma tras Cataluña en asumir la gestión de esta materia– no incluye la legislación penitenciaria, que seguirá en manos del Estado.
No obstante, Erkoreka ha subrayado que, una vez asumida esta competencia, el Ejecutivo autonómico dispondrá de un «margen importante» para desarrollar políticas «propias» en el ámbito penitenciario, siempre «con total lealtad a la ley». De esa forma, ha reafirmado su apuesta por desarrollar en Euskadi un modelo penitenciario basado en «la reeducación, la resocialización y la reinserción».
Por su parte, Garamendi ha explicado que, además de las cuatro competencias anunciadas, en la reunión del 10 de mayo se podría aprobar alguna transferencia más de las competencias estatutarias que siguen pendientes de traspasar a Euskadi.
La Comisión Mixta en la que se firmará el acuerdo es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán a la Comunidad Autónoma de Euskadi las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Gernika. Este órgano también regula el traspaso de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de las funciones y servicios transferidos.
La consejera ha señalado que este traspaso de las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación estatal penitenciaria «supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios», incluido el cumplimiento de penas.
Garamendi ha subrayado que el Gobierno Vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente, hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.
Los tres edificios que albergan estas prisiones serán traspasados a Euskadi, que asumirá su propiedad en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la nueva prisión de Zubieta (Gipuzkoa), el Gobierno Vasco devolverá Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.
Las obras de construcción de esta nueva prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo, por un importe cercano a los 39 millones de euros. Los trabajos deberán ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, el nuevo complejo será una realidad en primavera de 2023.
La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares. Este centro ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.
Garamendi ha precisado que alrededor de 700 trabajan en las prisiones vascas. En su mayoría, se trata de funcionarios de prisiones y el resto es personal laboral. El Gobierno Vasco integrará a estas personas en la Función Pública vasca, y se hará cargo de sus retribuciones. Los derechos adquiridos por estos empleados hasta el momento de la transferencia serán respetados.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo, que es la suma que Euskadi paga al Estado por los servicios que este presta en la comunidad autónoma. El traspaso de la competencia se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.
Los gobiernos central y vasco también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente por Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en el País Vasco.
