El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas negó hoy que el proceso de regularización catastral implique una nueva revisión de los valores catastrales, sino que los inmuebles regularizados se valoran con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha.

En una nota de prensa, el departamento que dirige Cristóbal Montoro, niega que este proceso de regularización sea un «catastrazo», sino que pretende «la incorporación al Catastro de aquellos inmuebles y sus alteraciones (tales como ampliaciones y rehabilitaciones) que no figuren en el mismo».

En este sentido, implican que estas alteraciones suponen «un fraude fiscal inmobiliario al no coincidir la descripción del inmueble que figura inscrito en el Catastro con la realidad inmobiliaria».

Hacienda pone como ejemplo un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario que se beneficia de los mismos servicios públicos que un inmueble en regla. «Es por tanto de justicia que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos», señalan.

«No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados», incide Hacienda.

De hecho, hasta el momento unos 3.070 municipios ya han manifestado a la Dirección General del Catastro su interés en la regularización catastral.

Según Hacienda, «no implica necesariamente un aumento de recaudación para los ayuntamientos», sino que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir «rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos. Si pagamos todos, pagamos menos».

Otra de las aclaraciones de Hacienda consiste en dejar claro que una construcción o reforma que no haya sido declarada ante el Catastro «no implica que sea ilegal o legal». Así, el plan de regularización catastral no multa las obras ilegales, puesto que es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones.

De este modo, recuerda que únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan.

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