Sus propuestas para restar importancia al Castellano dentro de la programación escolar, fomentar la promoción de curso con suspensos y plantear mayores exigencias a los centros concertados, no contribuyen a la edificación de un sistema educativo de calidad y atienden a criterios estrictamente ideológicos y políticos.

La reducción de la exigencia académica a los alumnos, la falta de miras al menospreciar nuestra lengua en un momento en el que gracias a instituciones como la RAE o el Instituto Cervantes su protagonismo es creciente y el sectarismo que se esconde detrás de su continua reconsideración de las claves de la educación concertada nos alejan del objetivo de ser un país competitivo con profesionales bien formados y preparados para afrontar los muchos retos que se plantean en el horizonte.