La eliminación del tope al déficit de los ayuntamientos en la Constitución requeriría del voto de todos los partidos salvo PP y Vox

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La modificación del artículo 135 de la Constitución que piden varias formaciones políticas para permitir a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes e incurrir en déficit requeriría, en caso de que PP y Vox se opusieran, del voto de todos los demás partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, que suman exactamente los 210 diputados que representan los tres quintos de la Cámara necesarios para la reforma, informa Servimedia.

La reforma del artículo 135 de la Constitución, así como de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de eliminar la prohibición de que las entidades locales incurran en déficit, fue una de las peticiones más recurrentes el pasado jueves durante el debate de la convalidación del real decreto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, que supuso la primera derrota parlamentaria del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. La convalidación fue rechazada por 156 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe) frente a los 193 votos en contra del resto de la Cámara Baja, quedando así derogado.

Durante dicho debate, fueron varios los portavoces que abogaron por la modificación e incluso la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad, como los representantes de Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts per Catalunya, Bildu, Compromís, Coalición Canaria, Más País, BNG y PRC.

En concreto, el artículo 135.2 fija que “las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario”, lo que impide que los ayuntamientos puedan hacer uso del remanente acumulado en ejercicios anteriores para hacer frente a la situación de crisis del Covid-19, ya que, al no contar con una partida de ingreso equivalente, de hacerlo romperían el equilibrio presupuestario e incurrirían en déficit. Ante esta limitación, el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero llegó a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el que los ayuntamientos que voluntariamente prestasen su remanente a la administración central recibirían un total de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021, mientras que el resto sería devuelto en un plazo de entre 10 y 15 años.

La propuesta, sin embargo, fue aprobada con una gran división en la FEMP, ya que, de los 25 miembros de su junta de gobierno, sólo los 12 alcaldes del PSOE votaron a favor, frente al voto negativo de los 12 alcaldes sumados por PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos y la abstención del representante de Unidas Podemos, siendo resuelto el empate por el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo.

De esta manera, la derogación del real decreto devuelve la cuestión a la casilla de salida y ahora el Gobierno deberá decidir si opta por presentar un nuevo real decreto que insista en la fórmula del préstamo o si, por el contrario, explora la posibilidad de modificar la Constitución y la Ley de Estabilidad, tal y como el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido en diversas ocasiones desde que en 2014 se hizo por primera vez con la Secretaría General del PSOE.

Sobre la posibilidad de presentar un nuevo real decreto, el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, apuntó el viernes que el Gobierno “podría aprovechar seguramente alguna ley, y la ley de presupuestos podría ser la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto ley” derogado por el Congreso, y añadió que, “de las conversaciones que hemos mantenido en las últimas horas” se deduce que el Ministerio de Hacienda no prevé llevar un nuevo decreto al Congreso.

Otras voces, como la del anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, impulsor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, apuntan a que la fórmula del préstamo ideada por Hacienda no es necesaria y que, de la misma manera que ha hecho la Unión Europea acogiéndose a la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha anulado las reglas fiscales, bastaría con aplicar la cláusula de excepcionalidad con la que cuenta la ley para situaciones como la actual, suspendiendo la aplicación de la regla de gasto sobre los ayuntamientos. Sin embargo, desde Hacienda recuerdan que la suspensión de la regla de gasto ya se incluía en el real decreto rechazado el pasado jueves pero que, en cualquier caso, esa medida no daría solución a la imposibilidad de utilizar los remanentes.

MAYORÍA CUALIFICADA

En caso de optar por la reforma constitucional, el apoyo de los 88 diputados del PP -autor de la Ley de Estabilidad, conocida también como ‘Ley Montoro’ y partido que junto al PSOE pactó en 2011 la reforma del artículo 135 para fijar su redacción actual- o los 52 de Vox garantizaría su éxito. Sin embargo, en caso de que ambos partidos se opusieran a modificar el 135, quedarían los 210 diputados que coinciden justamente con la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara que establece el artículo 167 de la Constitución como necesarios para aprobar los proyectos de reforma constitucional.

De esta forma, sería necesario que, además de las formaciones que ya se mostraron a favor de la reforma constitucional el pasado jueves, otras como Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, que habitualmente han defendido la aplicación del artículo 135 y de la Ley de Estabilidad, también apoyaran dicha modificación.

En caso de superar la votación en el Congreso, también sería necesaria una mayoría cualificada de tres quintos en el Senado, donde los votos de PSOE, ERC, PNV, Bildu, Junts per Catalunya, Ciudadanos, Teruel Existe, Coalición Canaria, UPN, PRC y los partidos que integran el grupo parlamentario de la Izquierda Confederal sumarían más de los 159 votos necesarios.

 

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