La inversión sostenible ante el ‘greenwashing’

El año 2023 comienza con la normativa europea en materia de sostenibilidad pendiente de completar y con lagunas relevantes, tanto en los aspectos ambientales como sociales, así como en los requerimientos de información, operativa y tipología de productos, a falta de etiquetas o ‘labels’, de común aplicación (taxonomía ambiental, social, Reglamento SFDR, fondos –art. 8 y 9–, …).

Dentro de este contexto, el regulador europeo pone el foco para este año en la detección y evaluación del riesgo del ecoblanqueo o ‘greenwashing’, en relación con la oferta de fondos sostenibles, con el objeto de evitar que se genere confusión en el inversor y se traduzca en desconfianza respecto a los productos sostenibles, dañando a un mercado prioritario para la UE. Así, las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) lanzaron una consulta pública en noviembre para acotar el ‘greenwashing’.

Pendientes del desarrollo del marco regulatorio europeo y la información complementaria en materia de ESG, aún pueden quedar poco perfilados algunos cometidos de los órganos de supervisión, fundamentales para establecer criterios homogéneos y controlar la comercialización de productos sostenibles, y los espacios grises seguirán siendo una constante para la industria, de la que pueden derivar practicas dudosas en materia de sostenibilidad.

El problema está en diferenciar posibles malas prácticas de carácter intencional de aquellas que se derivan de un marco regulatorio incompleto, siendo necesario dar un trato diferenciado a unos casos de los otros. La calificación de estas prácticas premia o penaliza comportamientos de operadores del mercado, afectando directamente a la industria de la gestión de activos. Por eso, EFAMA (European Fund and Asset Management Associaton) sigue trabajando para impulsar las buenas prácticas en la industria de inversión europea, aportando criterios para la industria de gestión de activos.

Como reacción ante posibles incidencias en la comercialización de productos, que puedan entenderse como prácticas de ‘greenwashing’, hemos visto cómo se han reclasificado muchos de ellos en los últimos meses del 2022, pasando de la referencia del articulo 9 a la del 8, de la SFDR, rebajando la escala de sostenibilidad del producto.

A lo largo de este año, en tanto en cuanto se vayan completando los puntos pendientes del marco regulatorio europeo, las zonas grises se irán reduciendo y, previsiblemente, se identificará mejor la parte intencional de las malas prácticas. A ello contribuirá el desarrollo de la taxonomía ambiental y el abordaje de la social, así como la parte referida a la publicación de la información, a través del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) y de la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), conectando con la demanda desde los test de idoneidad, Green MIFID, relacionada con los intermediarios financieros y el inversor retail o minorista.

Un aspecto a tener en cuenta, como tendencia del mercado en relación con la oferta de activos sostenibles, es la pugna por destacar y liderar el mercado de las finanzas sostenibles, con reflejo en la oferta de productos, en referencia al artículo 8 y 9 de la SFDR, buscando la diferenciación y el liderazgo en materia de sostenibilidad, con menciones que se repiten sobre el objeto estatutario fundacional y el compromiso con la sostenibilidad. A este respecto, la competencia desmedida puede derivar en prácticas de ‘greenwashing’, sin olvidar la dificultad que entraña detectar la intencionalidad de las mismas, a atajar de forma contundente, siendo conscientes del riesgo de pérdida de credibilidad y sus graves consecuencias.

¿Por qué es tan relevante en estos momentos poner el acento en el ‘greenwashing’? Como bien entiende el regulador europeo, existe un riesgo real y es indispensable detectar y penalizar las actuaciones que voluntariamente propicien que el inversor pueda sentirse engañado.

Indudablemente, seguiremos hablando del ‘greenwashing’ a lo largo del 2023, como tema recurrente, con la esperanza de que el marco regulatorio y las buenas prácticas del mercado vayan resolviendo las dudas que se generan en este momento, potenciando así el desarrollo de las finanzas sostenibles.

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