La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Santander ha acordado exigir una fianza de 19 millones de euros a Novo Banco por su posible responsabilidad en el caso del exempleado de la sucursal de esta ciudad, Jacobo Vidal, acusado de estafar cerca de 50 millones de euros a casi 80 clientes.
La jueza ha decidido imponer esa cuantía a la entidad financiera en su condición de investigada en este proceso, como obliga la ley en estos supuestos y conforme a la petición de la Fiscalía.
Y aunque el banco portugués ha recurrido la fianza exigida, también se ha auto avalado, extremo este último cuestionado por otras partes implicadas en el proceso, que recuerdan que un aval es una garantía que presta un tercero, otra entidad financiera por ejemplo.
Así, la Audiencia Provincial de Cantabria deberá pronunciarse sobre este asunto y, también, acerca de la doble condición de Novo Banco en el pleito, como acusación y responsable de la presunta estafa que cometió el extrabajador de la oficina de la capital cántabra.
Y es que la entidad ha recurrido su imputación. Previamente, la AP había rechazado el recurso de la Fiscalía contra la admisión de la personación del banco como acusación particular, aceptando así que fuera a la vez querellante y responsable subsidiario.
PRÓXIMAS DECLARACIONES
Por lo demás, en el marco de la investigación judicial en sí, un representante de la entidad financiera ha sido citado a declarar el próximo mes de noviembre.
También está pendiente una nueva declaración de Jacobo Vidal, investigado por posible administración desleal, falsedad en documento mercantil y estafa, y que en un anterior interrogatorio reconoció ante la jueza los hechos, tal y como él mismo los denunció en su día ante el ministerio fiscal.
Además, implicó al banco para el que trabajó, asegurando que sabía lo que él hacía y a pesar de ello no usaba «ningún» mecanismo de «control», sino que «miraba para otro lado».
Achacó esta actitud de la entidad a los beneficios anuales que lograba con su modo de proceder, que podrían superar los 10 millones de euros durante los ejercicios en los que se repitió la operativa con la que presuntamente estafó unos 50 millones a aproximadamente 80 clientes.
El caso se destapó a principios de 2020 cuando el propio implicado -que permanece en libertad- trasladó a la Justicia las supuestas irregularidades cometidas cuando trabajaba en la oficina de Novo Banco en Santander.
En paralelo a la instrucción, Novo Banco ha venido manteniendo conversaciones con los clientes afectados, pero ha mantenido que la cuantía supuestamente estafada está «muy alejada» de la manifestada por el procesado, como así se desprendería de un informe independiente aportado a la causa.
La instrucción de la misma se inició en febrero del año pasado, cuando la magistrada dictó el auto de incoación del procedimiento y acordó la práctica de una serie de diligencias, entre ellas informe del patrimonio del denunciado, embargo de sus bienes y rentas a resultas de tal informe, y su declaración en calidad de investigado.
Además, en la citada resolución también acordó requerir a la entidad bancaria que aportara toda la documentación e información completa relativa a las operaciones realizadas.