El juez federal Sebastián Ramos ha ordenado la suspensión temporal de un contrato de la petrolera estatal argentina YPF con la Compañía Naviera Horamar valorado en 67 millones de dólares (57 millones de euros), ante la posibilidad de que los directivos de la petrolera hayan incurrido en prácticas ilegales e irregularidades al momento de cerrar la licitación.

Según el fallo recogido por varios medios locales, el magistrado entiende que los ejecutivos de YPF son considerados funcionarios públicos, dado que su principal accionista es el Estado, lo que implicaría las mismas responsabilidades penales de trabajadores públicos.

En concreto, la Justicia investiga si los ejecutivos de la sociedad y otros funcionarios de la fuerza política Cambiemos cometieron «incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», además de fraude contra la Administración Pública.

Por su parte, la empresa ha confirmado que apelará la decisión. «YPF ratifica que el llamado a la licitación nacional e internación para la prestación del servicio de transporte fluvial a partir del año 2021 se realizó sobre bases transparentes y competitivas, favoreciendo la participación de varios oferentes», relatan fuentes de la compañía consultadas por el diario ‘Ámbito’.

El objetivo de este contrato, firmado en septiembre del año pasado, era reducir los costes para transportar combustibles al noroeste argentino. A raíz de la nueva resolución, la naviera deberá detener la construcción de seis barcazas y tres remolcadores que está fabricando en astilleros ubicados en Paraguay.