La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, respaldó este jueves la ley de crédito inmobiliario porque contribuirá a reducir la inseguridad jurídica y la “elevada” litigiosidad, pero añadió que el aumento de los costes de los nuevos préstamos deberá reflejarse en la política de precios de las entidades.
Así lo dijo la subgobernadora durante su intervención para clausurar la jornada ‘Impacto de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario’ organizada por la consultora PwC.
Delgado manifestó que la “valoración positiva que hace el Banco de la nueva ley de crédito inmobiliario” al considerar que la regulación “estricta” del clausulado, junto con el reforzamiento de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, “contribuirá a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad actual en este mercado”.
La subgobernadora señaló que “sólo a través de un comportamiento ético con la clientela podrá la banca recuperar a medio plazo la reputación y la confianza, activo fundamental del sistema”. En esta línea, subrayó la necesidad de que se produzca un cambio de cultura en el modo en que las entidades se relacionan con su clientela.
“Los bancos deben integrar la perspectiva de la protección de la clientela en el marco de apetito por el riesgo”, afirmó.
No obstante, agregó que los mayores gastos de constitución soportados por los prestamistas, los límites a las comisiones por amortización anticipada, así como el retraso en la recuperación de la deuda impagada, producirán un “aumento inevitable” en los costes de los nuevos préstamos.
En este contexto, la subgobernadora del organismo supervisor consideró que “las entidades deben ser capaces de repercutir los costes y riesgos asociados a cada nueva transacción” y que “para garantizar su viabilidad y lograr retribuir su capital adecuadamente, cada entidad individual debe contar con una adecuada política de precios, que le permita cubrir todos los costes y riesgos asociados a cada préstamo”.
También pronosticó que los requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario restringirán “al menos a corto plazo” el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas, pero matizó que a medio y largo plazo el efecto será positivo.
Por otra parte, Delgado se refirió a las nuevas herramientas macroprudenciales aprobadas por el Gobierno para manifestar su confianza en que “nos permitan reaccionar y tomar las medidas correctoras adecuadas antes de que se lleguen a acumular excesivos desequilibrios en los balances bancarios”.
