El comercio minorista registró en 2014 su primer aumento de ventas y de empleo desde 2007. En el último mes de 2014, las ventas experimentaron un repunte del 5,4% respecto al mismo mes de 2013. Lo mismo ocurrió respecto al empleo: en el sector del comercio minorista en 2014 aumentó un 0,1% tras seis años en negativo ¿Qué tienen que hacer las Administraciones públicas para que esto siga mejorando? En mi opinión no molestar más, no poner más trabas.

En la Constitución se dice que la misión de los poderes públicos es velar por el interés general. Otra cuestión es en qué acciones concretas puede traducirse ese concepto cuando se aplica a un área determinada. Sin embargo existen áreas donde el margen de discusión es tan estrecho que únicamente caben distintas variantes de una misma política compatible con la defensa del interés general.

Es el caso de la regulación del comercio minorista. Los nuevos hábitos de vida y de consumo de los españoles, muy diferentes a los de hace treinta años, han determinado la espectacular aceptación de las grandes superficies, que hicieron su aparición en nuestro país hace ya treinta años. La clave del éxito de esta fórmula comercial hay que buscarla fundamentalmente en la escasez de tiempo de una gran parte de las familias españolas  que les impide realizar sus compras básicas en los horarios tradicionales del pequeño comercio. También hay que considerar la incomodidad y las pérdidas de tiempo asociadas al peregrinaje por distintos comercios para completar la cesta básica de la compra. Y en último lugar –pero no menos importante–, la ventaja competitiva, traducida en el precio que paga el consumidor, de los descuentos en las compras al por mayor que realizan las grandes superficies a sus proveedores.

Parece evidente, pues, que el interés general pasa por fomentar, o al menos no poner trabas, a la instalación de grandes superficies, así como por la liberalización de los horarios comerciales. Esto aterroriza a algunos que siempre dicen que así se les obliga a abrir sus establecimientos. Desgraciadamente el ya viejo paternalismo español hace que algunos no entiendan la palabra libertad.  La corrección política vende que este tipo de políticas perjudica al pequeño comercio, pero lo cierto es que ocurre todo lo contrario. La experiencia demuestra que la instalación de un centro comercial antes beneficia que perjudica a los pequeños comerciantes de los alrededores, que ven incrementado la afluencia de clientes potenciales en la zona donde están situados sus establecimientos. Además, los pequeños comerciantes pueden competir con ventaja con las grandes superficies en aspectos tan relevantes como la especialización o la atención personal: los grandes hipermercados no han acabado con las pequeñas tiendas de ultramarinos, y tampoco los grandes centros comerciales y cadenas de moda han eliminado a las pequeñas sastrerías y zapaterías. Por tanto en este campo, como en los demás la libertad es buena.