La Unión Europea se dispone a imponer a partir de este jueves, 4 de julio, aranceles provisionales de hasta casi un 38% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida que llega tras semanas de contactos infructuosos entre Bruselas y Pekín para buscar una solución a los subsidios que reciben los fabricantes chinos y que los europeos ven como una ventaja «desleal» contra sus marcas.

En la práctica, la medida entrará en vigor un día después, este próximo 5 de julio, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y tendrá la forma de una «garantía» definida por cada Estado miembro, de modo que sólo se recaudará si el bloque decide imponer aranceles definitivos cuatro meses después de la entrada en vigor de los provisionales. Estos derechos se sumarán, además, al 10% que la Unión Europea ya percibe de manera general de las importaciones de vehículos eléctricos de batería.

El caso se remonta a octubre del pasado año, cuando el Ejecutivo comunitario abrió formalmente una investigación por subvenciones anticompetitivas que da un plazo máximo de 13 meses para tomar una decisión. Antes, a los nueve meses, fecha que se cumple este jueves, los servicios comunitarios pueden acordar medidas temporales.

La Comisión Europea anunció su propuesta el pasado 12 de junio e informó de las condiciones tanto a las autoridades y sector chino como a los Estados miembro, entre los que hay gobiernos que ven con dudas la medida por miedo a una guerra comercial con el gigante asiático –como Alemania o Suecia– y otros que la defienden, como es el caso de España y Francia.

Si de aquí a noviembre Bruselas considera que los aranceles deben volverse definitivos deberá entonces presentar una propuesta formal a los Veintisiete, que podrán aprobar o tumbar la decisión por mayoría cualificada. Si las capitales no logran sumar la mayoría necesaria ni a favor ni en contra, el Ejecutivo comunitario podrá entonces imponer los aranceles.

Desde que Bruselas adelantó la inminente imposición de aranceles provisionales, las partes han mantenido contactos técnicos para buscar una solución «eficaz» que ponga fin al ‘dumping’ que denuncian los europeos, pero el diálogo no ha dado frutos. Pekín, de hecho, anunció horas después del anuncio una investigación sobre el sector del porcino europeo en represalia y la Comisión advirtió de que debe seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Entretanto, las consultas con las empresas afectadas directamente han llevado a los servicios comunitarios a introducir ajustes a las tasas planteadas en un primer momento, lo que ha reducido muy levemente los primeros porcentajes conocidos.

En concreto, la Comisión planeaba imponer aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC, pero que tras la revisión se queda en un 19,9% para Geely y en un 37,6% para SAIC; mientras que se mantiene sin cambios el gravamen para la producción de BYD.

También se han reajustado los aranceles a los fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación del 21% al 20,8%, mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto, que pasa de 38,1% a 37,6%.

Los servicios comunitarios activaron la vigilancia de las importaciones para estudiar medidas tras observar entradas «masivas» de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en términos de media mensual, y del 14% en comparación con el período equivalente entre octubre de 2022 y enero de 2023.