Un estudio elaborado por los doctores en sociología Daniel Sorando y Stefano de Marco dentro de la campaña #JuventudNecesaria, calcula que de mantenerse la tendencia actual el coste que supondría el éxodo juvenil al Estado -o lo que es lo mismo, que nuestros jóvenes se marchen fuera- ascendería a 57.000 millones de euros hasta 2025, unas pérdidas que provendrían de la falta de recaudación de impuestos y de la inversión en educación desperdiciada. En términos macroeconómicos esto supondría un 5,6 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) español y la cantidad correspondiente al salario mínimo interprofesional vigente (648,60 euros) de seis millones de trabajadores durante un año.

Por otra parte, este coste conlleva que el 23,7 por ciento de las personas jóvenes tenga una situación que les impide trabajar estudiar y trabajar y supone a las arcas del Gobierno más de 170.000 de euros en 10 años, más de lo que el Estado se ha gastado en pensiones en 2014.

El informe recoge además que, según el Consejo de la Juventud de España (CJE), sólo dos de cada diez jóvenes se pueden emancipar en España, el desempleo juvenil en la franja de los 16 a los 29 años alcanza el 51,8 por ciento y más de 200.000 jóvenes han emigrado desde el comienzo de la crisis.

La emigración es la principal vía de escape para la población joven en España, ya que desde 2009 emigraron de España 218.000 jóvenes, según datos del Instituto de la Juventud (Injuve). Además, la situación no sería mejor para los que se quedasen, ya que el 23,7 por ciento no tendrían oportunidades de estudiar ni trabajar.

S.F.